Tijuana.- El gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda busca anular el contrato de la planta fotovoltaica adjudicada por el ex gobernador Jaime Bonilla a Next Energy, en el que se incluyó un acuerdo de pago de seis mil millones de pesos, firmado durante el periodo de transición, pero sin la participación de la nueva administración estatal, informó Marco Antonio Moreno Mejía, secretario de Hacienda.
“Algo importante es que estos seis mil millones de pesos fueron firmados en septiembre, en el periodo de transición, cuando la ley no permite que el gobierno saliente asuma obligaciones financieras, sin la participación de un representante de la siguiente administración”, declaró.
Y agregó, “de manera precisa le informé a los funcionarios involucrados que no deberían de firmar compromisos de este tipo y, a pesar de esto, firmaron”.
Explicó que la planta fotovoltaica tiene un fideicomiso que está garantizado con participaciones federales, el impuesto a la nómina e ingresos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).
“Esa es la parte central de nuestra preocupación”, expuso al anotar que el estado busca librar ese compromiso, buscando no incurrir en responsabilidad jurídica que obligue a un pago, por lo que un grupo de abogados se encuentra avocado a la implementación de una estrategia que resulte lo más benéfica posible.
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Moreno Mejía indicó que ningún representante de Next Energy ha buscado un acercamiento con la actual administración estatal, ni para actualizar el contrato, ni para hacer válido el compromiso de pago.
Respecto a los pasivos de Baja California heredados, detalló que estos ascienden a 35 millones de pesos, lo que, además del pago de pasivos contingentes, incluye la deuda pública a largo plazo registrada ante la Secretaría de hacienda y cuyo pago compromete las participaciones federales, compromiso que asciende a 18 mil 300 millones de pesos.
Adicionalmente, agregó, están los pasivos de pago de servicios, suministros y servicios personales, los cuales suman más de 10 mil millones de pesos.
Respecto a la deuda de 376 millones por participaciones federales no entregadas, principalmente a Tijuana y Mexicali, dijo que se está negociando con los ayuntamientos con la intención de llegar a un acuerdo que permita cumplir con el pago en los siguientes meses.
“Lo que hemos hecho a partir del 1 de noviembre es atender cabalmente la entrega de participaciones que corresponden a los ayuntamientos, en los cinco días siguientes de su recepción”, subrayó.
