En los primeros días de enero la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió una recomendación a la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario (Cesispe) de Baja California por el fallecimiento de un interno y otra a la Fiscalía General del Estado (FGE).
Jorge Álvaro Ochoa Orduño, titular de la CEDHBC, dijo que ambas dependencias tienen un plazo de 10 días para responder y está por vencerse.
“Hasta el día de ayer (jueves 18 de enero) no había llegado la respuesta de ambas autoridades que estaba por vencerse el término, pero ya nos dijeron que nos van a mandar la respuesta y van a aceptar esas recomendaciones”, comentó.
La recomendación realizada a la Cesispe data de una queja interpuesta en 2018, por la falta de atención médica a una persona privada de la libertad (PPL) en penal de El Hongo, quien perdió la vida.
Un familiar del PPL interpuso una queja ante la CEDHBC porque no era atendido de manera adecuada, ya que presentaba constantes mareos y vómitos.
El reporte del área médica del centro penitenciario indicaba que la persona podría estar fingiendo enfermedades y fue declarado “clínicamente sano”.
El certificado de necropsia determinó que la causa de muerte se debió a falta de oxigenación en la sangre y por arterias tapadas en los pulmones, “anoxemia por broncoaspiración secundaria a tromboembolia pulmonar”, de acuerdo con la recomendación 11/2023.
“Se les daba atención médica por encimita, el derecho a la salud no sólo con una pastilla se va a estar respetándose derecho, se llevó la determinación por un diagnóstico médico que esa persona privada de la libertad no hubiera fallecido”, señaló Ochoa Orduño.
La recomendación dirigida a la FGE está relacionada con un hecho de tránsito en el cual el proceso de investigación no fue el adecuado.
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Esto sucedió en Tijuana en 2020 cuando una mujer fue atropellada y al resultar lesionada recibió atención médica en un hospital privado y por el mal actuar del Ministerio Público no fue dado la reposición de daños.
La CEDHBC recomendó a ambas entidades que las víctimas fueran integradas al Registro Estatal de Víctimas, en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, para reiterar el daño de los dos casos.
