/ lunes 22 de noviembre de 2021

Comisiones de agua, con más quejas de opacidad

Partidos políticos y comisiones del agua, entre las instituciones con mayor opacidad en transparencia

Los partidos políticos y las comisiones del agua son quienes reciben mayores quejas por su opacidad en transparencia y acceso a la información, de acuerdo con el Instituto de Transparencia y acceso a la información Pública en Baja California (ITAIPBC)

“De manera histórica en las estadísticas, han sido los más señalados [los partidos políticos], por eso estamos en un proceso de culturización para que rindan cuentas a la sociedad” dijo Alberto Sandoval, presidente del instituto.

En lo que va del 2021, el instituto ha recibido 689 recursos de revisión de ciudadanos inconformes por la respuesta o falta de respuesta de los sujetos obligados a sus solicitudes de información.

Los ayuntamientos de Tijuana, Mexicali y Ensenada, así como la Fiscalía General del Estado (FGE), son las entidades con más procedimientos por eso,

En el caso de denuncias por considerar que los sujetos obligados violaron la Ley de Transparencia y Accesos a la Información, se han recibido 115, de las cuales 81 procedieron para ser analizadas.

El partido Acción Nacional (PAN) encabeza este rubro, seguido por el Ayuntamiento de Mexicali con 6 expedientes cada uno, y en tercer lugar la Universidad Politécnica de Baja California (UPBC), con sede en Mexicali.

Para Alberto Sandoval, los partidos políticos deberían ser una buena plataforma para la cultura de la rendición de cuentas, porque a través de sus candidatos podrían proyectarlo a la ciudadanía.

“Venimos trabajando en la capacitación, algunos ya han firmado convenios”, afirmó.

Las Instituciones electorales del estado deben notificar a los partidos políticos ante el incumplimiento en materia de transparencia y hacer lo necesario para solucionarlo, según la Ley de Transparencia y acceso a la información de Baja California.

En total se han recibido más de 8 mil solicitudes de información, siendo los ayuntamientos de Tijuana y Mexicali, la FGE y la Secretaría de Salud, los organismos más recurridos en el Portal Nacional de Transparencia (PNT).

Entre los sujetos obligados más cumplidores en proporcionar información cuando es solicitada por medio del Portal Nacional de Transparencia, se encuentra la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), dijo Alberto Sandoval.

Agregó que es satisfactorio cuando una institución pública busca por iniciativa al Instituto de Transparencia para capacitarse y cumplir con la rendición de cuentas.

Como ejemplo, el presidente del ITAIPBC destacó los convenios de colaboración que se han firmado recientemente con el ayuntamiento de Tijuana, para capacitar al personal encargado de los módulos de transparencia.

Detalló que el ayuntamiento de Tijuana está en proceso de crear módulos de transparencia en todas sus dependencias, con el objetivo de dar mayor cumpliento a la transparencia de sus acciones con la ciudadanía, dijo Alberto Sandival.

En Baja California, existen 155 sujetos obligados, es decir, instituciones públicas que reciben dinero público, motivo por el cual están obligadas a transparentar sus acciones.

Los partidos políticos y las comisiones del agua son quienes reciben mayores quejas por su opacidad en transparencia y acceso a la información, de acuerdo con el Instituto de Transparencia y acceso a la información Pública en Baja California (ITAIPBC)

“De manera histórica en las estadísticas, han sido los más señalados [los partidos políticos], por eso estamos en un proceso de culturización para que rindan cuentas a la sociedad” dijo Alberto Sandoval, presidente del instituto.

En lo que va del 2021, el instituto ha recibido 689 recursos de revisión de ciudadanos inconformes por la respuesta o falta de respuesta de los sujetos obligados a sus solicitudes de información.

Los ayuntamientos de Tijuana, Mexicali y Ensenada, así como la Fiscalía General del Estado (FGE), son las entidades con más procedimientos por eso,

En el caso de denuncias por considerar que los sujetos obligados violaron la Ley de Transparencia y Accesos a la Información, se han recibido 115, de las cuales 81 procedieron para ser analizadas.

El partido Acción Nacional (PAN) encabeza este rubro, seguido por el Ayuntamiento de Mexicali con 6 expedientes cada uno, y en tercer lugar la Universidad Politécnica de Baja California (UPBC), con sede en Mexicali.

Para Alberto Sandoval, los partidos políticos deberían ser una buena plataforma para la cultura de la rendición de cuentas, porque a través de sus candidatos podrían proyectarlo a la ciudadanía.

“Venimos trabajando en la capacitación, algunos ya han firmado convenios”, afirmó.

Las Instituciones electorales del estado deben notificar a los partidos políticos ante el incumplimiento en materia de transparencia y hacer lo necesario para solucionarlo, según la Ley de Transparencia y acceso a la información de Baja California.

En total se han recibido más de 8 mil solicitudes de información, siendo los ayuntamientos de Tijuana y Mexicali, la FGE y la Secretaría de Salud, los organismos más recurridos en el Portal Nacional de Transparencia (PNT).

Entre los sujetos obligados más cumplidores en proporcionar información cuando es solicitada por medio del Portal Nacional de Transparencia, se encuentra la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), dijo Alberto Sandoval.

Agregó que es satisfactorio cuando una institución pública busca por iniciativa al Instituto de Transparencia para capacitarse y cumplir con la rendición de cuentas.

Como ejemplo, el presidente del ITAIPBC destacó los convenios de colaboración que se han firmado recientemente con el ayuntamiento de Tijuana, para capacitar al personal encargado de los módulos de transparencia.

Detalló que el ayuntamiento de Tijuana está en proceso de crear módulos de transparencia en todas sus dependencias, con el objetivo de dar mayor cumpliento a la transparencia de sus acciones con la ciudadanía, dijo Alberto Sandival.

En Baja California, existen 155 sujetos obligados, es decir, instituciones públicas que reciben dinero público, motivo por el cual están obligadas a transparentar sus acciones.

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