La empresa Next Energy y Banco Afirme están buscando detener los recursos legales que se realizan a favor del gobierno estatal, indicó Marco Antonio Moreno Mexía, titular de la Secretaría de Hacienda de Baja California.
“Digamos que es un tema que están llevando los abogados de ambas partes. Nosotros estamos seguros que tenemos la razón y por eso al final de cuentas vamos a lograr eliminar el riesgo de que se pague con participaciones estatales un proyecto que no se va a realizar, que no tiene los permisos”, expresó.
Durante el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, ex gobernador de Baja California, se entregó a la empresa Next Energy la concesión para la construcción de una planta fotovoltaica, misma que fue cancelada por autoridades federales debido a su falta de permisos.
“La semana pasada de manera definitiva la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) canceló la posibilidad de que el proyecto tenga permisos ambientales. Es un hecho que el proyecto no va a funcionar y no va a volar, no tenemos porqué pagarlo, sin embargo, la empresas está insistiendo a través de estrategias legales la posibilidad de tomar participaciones para liquidarlo”, agregó Moreno Mexía.
Sobre la cancelación de contrato con Banca Afirme el funcionario mencionó que se tiene una solución para sustituirla, sin embargo no dio el nombre de la nueva empresa bancaria que se encargará de realizar los trabajos de recaudación para el gobierno del estado.
“Nos va a dar el servicio en mejores condiciones en términos de precio y de infraestructura tecnológica para la recaudación. No podemos mencionarlo todavía (el nombre del banco) por qué estamos atendiendo los tiempos legales de cancelación del contrato”, detalló.
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De los 123 millones de pesos que exigió el estado que deben ser regresados por Banca Afirme se tiene la certeza que están en el fideicomiso y no han sido entregados a la empresa Next Energy, sin embargo, la empresa bancaria tampoco los ha entregado al estado, explicó Morena Mexía.
“Estamos buscando por los diversos medios legales para hacer presión para que finalmente le regrese a la sociedad de Baja California esos recursos”, finalizó.
