Tijuana.- En julio de 1995 desapareció su padre Maclovio Gaona Cervantes y aún desconocen su paradero, dice Olga Gaona. “Fue como si se lo tragara la tierra, no sabemos nada de él. Por lo menos saber si se murió”, menciona.
Después de 25 años, tanto su madre y hermano han perdido las esperanzas de encontrarlo con vida. Pero todos estos años no solo ha sido la angustia de no saber de su ser querido, también fueron problemas legales, pues el predio donde viven aún sigue a nombre de Maclovio Gaona Cervantes.
Tampoco pudieron acceder a sus ahorros bancarios porque estaba en calidad de desaparecido y el sistema judicial no contemplaba el regreso del dinero, a menos que se declarara sin vida. El banco se quedó con el dinero de Maclovio y su familia.
En los 90, dicen sus familiares, las personas que desaparecían no eran buscadas por las autoridades, y las múltiples denuncias de desaparición forzada de Maclovio Gaona Cervantes, hasta la fecha no se encuentran ni siquiera en la página de Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped), actualizada este mes de mayo.
Según el informe presentado el pasado 13 de julio por el gobierno federal, en México se tiene un registro de 73 mil 201 personas en calidad de desaparecidas o no localizadas, desde el año 1964 a la fecha.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, indicó que del total de las personas desaparecidas, 71 mil 678 casos se reportaron después de 2006.
El documento “Búsqueda, Identificación y Versión Pública del Registro de Personas Desaparecidas”, realizado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), indica que 10 estados reúnen 78% del total de desaparecidos, entre ellos, el Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa y Ciudad de México.
Sin embargo, aclararon que Baja California y otros estados con alta población migrante no están en las listas de desaparecidos porque los gobiernos estatales no han entregado información que coadyuve a los reportes oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
LA INMOVILIDAD INSTITUCIONAL
La realidad es que Baja California no cuenta con un registro oficial de personas en calidad de desaparecidas, según el activista y fundador del colectivo “Todos Somos Érick Carrillo”.
Y aseguró que en 2020 cientos de personas se han acercado para pedir ayuda a diferentes colectivos, porque no saben del paradero de sus familiares.
“Tenemos un registro de 642 personas de enero de 2020 al 3 de julio de 2020, como personas desaparecidas o no localizadas”, agregó.
Érick fundó su colectivo en 2018 para localizar a su hijo Érick Carrillo, de 19 años, víctima de desaparición forzada, y dice que al enfrentar la omisión de la fiscalía, no pierde la esperanza de encontrarlo.
Además desde su labor con familiares de desaparecidos asegura que las desapariciones forzadas siguen a la alza.
El colectivo detalló que los primeros tres meses tuvo el reporte de 220 personas desaparecidas, pero durante la pandemia por coronavirus contaron 442 desapariciones forzadas y la violencia se recrudeció.
“Se metían a las casas e iban por ellos, los ejecutaban afuera en las calle. En tres meses que estuvimos en cuarentena realmente subió el índice de personas desaparecidas”, aseguró.
Sin embargo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana, Jorge Ayón Monsalve, respondió que durante la pandemia la policía no registró algún incremento en las privaciones ilegales de la libertad.
“No tenemos esos datos y es la Fiscalía General del Estado la dependencia que le compete todo lo que son privaciones ilegales de la libertad. Nosotros coadyuvamos nada más apoyándolos con los operativos, pero no hemos detectado que haya un aumento en las privaciones ilegales”, comentó Ayón Monsalve.
Las 642 desapariciones forzadas que comentó Érick Carrilo en Tijuana, de enero a julio de este año, están también muy por encima de las estadísticas de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En este año se han interpuesto 120 denuncias de personas privadas de la libertad, así lo informó el director operativo de la Comisión Estatal de Búsqueda, Fernando Ocegueda Flores.
“Cuando hay un indicio de privaciones de la libertad, que la gente vio, o que algunas personas vieron que a la fuerza lo subieron a un vehículo y se lo llevaron (...) el 40% ya han regresado a sus casas y el otro 60% todavía no sabemos qué pasó con ellos”, mencionó.
Fernando Ocegueda aceptó que pudiera haber más casos de personas privadas de la libertad, pero únicamente puede confirmar las cifras oficiales.
“A lo mejor son más y ese es el número negro. El número negro es el que no se denuncia. Nosotros podemos hablar dentro de lo que respecta a números de las denuncias que sean puestas en la Fiscalía del Estado”, dijo Ocegueda.
Ocegueda Flores, quien inició en la búsqueda de personas hace 10 años, tras la desaparición forzada de su hijo Fernando Ocegueda y creó la Asociación Unidos por los Desaparecidos de BC, ahora desde la FGE afirmó que se avanza en la Comisión Estatal de Búsqueda, pues por primera vez se tendrá un presupuesto y será de siete millones 747 mil 183 pesos.
Asimismo, comentó que la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas pretende solucionar los problemas legales que enfrentan familiares después de 90 días de que una persona no es vuelta a ver.
“Tú vas con tu ministerio público y le dices: ‘¿Sabes qué? Tengo casa de Infonavit y me la quitaron o estoy en ese proceso porque dejé de pagar el crédito desde que mi esposo se lo llevaron’. Y automáticamente se congelan esos pagos”, afirmó.
COLECTIVOS HACEN EL TRABAJO
Con el paso de los años, grupos de personas se han organizado para buscar personas desaparecidas, pues consideran que las autoridades estatales no realizan ese trabajo, y a la fecha hay unos 10 colectivos.
Realizan sus búsquedas a través de redes sociales, donde reportan diariamente pesquisas y se organizan para realizar excavaciones donde pudieran encontrar cuerpos de desaparecidos.
Tan solo el colectivo “Todos Somos Érick Carrillo” dice que desde que iniciaron en octubre de 2019, al 2 de julio, han localizado 120 cadáveres y a 79 personas con vida.
El último hallazgo que realizaron varios colectivos fue una fosa clandestina en las inmediaciones de Tijuana y Tecate, a espaldas del fraccionamiento Valle de San Pedro.
Ahí localizaron al menos 13 cadáveres enterrados y avisaron a la fiscalía para el peritaje correspondiente.
Pero las excavaciones que iniciaron en marzo de este año fueron suspendidas por la pandemia y se reanudaron en julio con la ayuda de voluntarios.
Una de las voluntarias es Guadalupe Ramírez, quien pertenece al colectivo “Una Nación Buscando T”, y cuenta que las jornadas de excavación se prolongan durante más de 12 horas.
Dice que prefiere encontrar a las personas con vida, pero al menos ya ayudó para que alguien sepultara a su familiar desaparecido.
“A nosotros nos dieron este lugar -Valle San Pedro- desde noviembre del año pasado, pero por cuestiones de que no teníamos seguridad, pues no veníamos”, dijo Angélica Ramírez.
Cuenta que la búsqueda empezó en marzo tras la insistencia de familiares de una víctima de desaparición forzada de nombre Selena.
“Fue cuando empezamos a encontrar los cuerpos. El primer día en menos de una hora encontramos cuatro cuerpos, al siguiente día encontramos otro cuerpo y después encontramos una osamenta y otro cuerpo”, agrega.
Según los colectivos, fueron 13 cadáveres que tenían entre seis y doce meses de haber sido enterrados, y los trabajos de excavación continuarán porque presumen que pudiera haber más restos enterrados.
Igual coinciden en que continuarán trabajando para encontrar a sus familiares con vida, mientras las autoridades no realicen las búsquedas.
Entre los que subrayan que no se quedarán esperando está Érick Carrillo, quien dice que no descansará hasta localizar a su hijo y reencontrarlo con sus hermanos.
“Yo se los juré, que les voy a traer a su hermano a su casa”, comentó.
