Playas de Rosarito. — La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió la Recomendación 7/2022, dirigida a la Secretaría de Educación de Baja California, así como a la Fiscalía General del Estado, informó el ombudsperson Miguel Ángel Mora Marrufo.
Lo anterior, por el caso de abuso sexual cometido en contra de seis niñas en el jardín de niños “María Lavalle Urbina” de Playas de Rosarito, en donde se transgredieron los derechos humanos a la integridad personal, ya una vida libre de violencia.
A continuación, se mencionan los hechos sobre los que se basa este pronunciamiento, en donde se cambian los nombres de las personas involucradas con el objetivo de proteger a las víctimas:
El 21 de mayo de 2018, la CEDHBC inició un expediente para investigar de oficio presuntas violaciones a derechos humanos, con la intención de documentar los hechos que se dieron a conocer mediante notas periodísticas en la que se narraban que Ulises (miembro del personal de mantenimiento) fue asegurado dentro del jardín de niños “María Lavalle Urbina” por agentes de la Policía Ministerial y presentado ante las autoridades de la entones Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que respondiera por las acusaciones de abuso sexual en contra de varias niñas.
Asimismo, por medio de las mismas notas periodísticas, se dio a conocer la existencia de denuncias en contra de Ulises por hechos constitutivos del delito de abuso sexual.
De igual manera, cabe mencionar que, el 23 de mayo de 2018, la CEDHBC recabó la declaración de una madre de familia, quien refirió que su hija fue una de las afectadas por estos hechos, así que, al tener conocimiento de lo que estaba pasando, acudió al Ministerio Público, en donde fue examinada por el médico legista, quien le comunicó que su hija sí había sido vulnerada.
Adicionalmente y en la misma fecha, se presentó ante este Organismo otra madre de familia, quien refirió que, el 21 de mayo de 2018, acudió a presentar una denuncia formal en contra de Ulises. Posterior a su declaración en la PGJE, personal de esa institución le explicó el motivo por el cual habían presentado a Ulises ante el agente del Ministerio Público, informándole que se encontraba en libertad porque no existía flagrancia, que se había girado una orden de presentación y que llevarían a cabo todo lo necesario para seguir con la investigación y esclarecer los hechos.
La CEDHBC documentó que se tuvo conocimiento de la radicación de seis carpetas de investigación ante la Unidad de Investigación Especializada Zona Rosarito, perteneciente a la entonces PGJE, indagatorias en las que se señaló a Ulises como presunto responsable del delito de abuso sexual a menor de catorce años.
Como resultado de las investigaciones, Ulises cuenta con una orden de aprehensión activa que, hasta la emisión de la presente Recomendación, no ha sido ejecutada debido a que el imputado no ha sido localizado por parte de personal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Baja California.
Por lo anterior, este pronunciamiento engloba los siguientes puntos recomendatorios dirigidos a la Secretaría de Educación y la Dirección General del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California: Se realicen las gestiones correspondientes para que se repare de manera integral los daños ocasionados a las víctimas directas, a través de la atención psicológica y/o psiquiátrica que requieran; se lleve a cabo una revisión de la actuación de los servidores públicos que estuvieron a cargo del trámite de la investigación administrativa; se conforme un grupo de trabajo de expertos en asuntos de violencia sexual y derechos humanos para que se realice el estudio y análisis de la presente Recomendación; y que se imparta al personal adscrito al Órgano de Control Interno y Departamentos Jurídicos de la Isep un curso que incluya un enfoque multidisciplinario en el marco normativo de protección a niñas, niños y adolescentes, así como del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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De igual manera, se dirige una serie de puntos recomendatorios a la Fiscalía General del Estado, entre los que se encuentran: Que se garantice la debida diligencia y exhaustividad dentro de las carpetas de investigación 1 y 2, y que se tomen en cuenta las observaciones y evidencias que se consignan en la presente Recomendación; remitir al Organismo las acciones de investigación realizadas por el personal tendientes a esclarecer los hechos; se envíe este pronunciamiento a la Fiscalía de Contraloría y Visitaduría, a efecto de que se analice la actuación de los agentes del Ministerio Público señalados como autoridades responsables; y se envíen las constancias que acrediten que, en las unidades especializadas en la investigación de delitos sexuales de la FGE, se haya implementado la grabación única de las entrevistas y/o declaración a cargo de las víctimas de delitos sexuales, las cuales deberán ser practicadas por personal capacitado, así como contar con el equipo y estructura necesaria a fin de garantizar la prueba anticipada y la no victimización secundaria.
Finalmente, Miguel Mora reiteró la importancia de construir políticas públicas e instrumentos de protección de derechos humanos para Baja California que tengan en cuenta siempre el interés superior de la niñez, y que no omitan visibilizar a las NNA que, por las circunstancias de su contexto y por las barreras del entorno, se encuentran en situación de vulnerabilidad.
