Tijuana.- A conformar un frente común para exigir al gobierno de Jaime Bonilla y al Congreso del estado liberar las partidas presupuestarias y nombrar al fiscal anticorrupción para que el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) pueda funcionar, conminó Rafael Mauricio Cruz Manjarrez García, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados en Baja California.
“Se tiene que hacer un exhorto en un frente común, toda la sociedad, exigir a las autoridades que dejen de estar menguando, aprueben los recursos y se nombre de forma inmediata al fiscal anticorrupción para que funcione el SEA”, señaló.
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También se debe evitar que quienes integran el sistema lo utilicen con fines políticos o como una bolsa de colocación, haciendo mancuerna con los gobiernos, indicó.
Expuso que hay una serie de controversias e intereses encontrados de los personajes que quieren llegar a esa fiscalía, la cual se encuentra acéfala porque el Congreso, a petición del ejecutivo estatal, no libera las partidas, además de que no se ha nombrado a un nuevo fiscal anticorrupción.
El espíritu de la creación del Sistema Estatal Anticorrupción era ser un contrapeso contra los actos de corrupción, por lo que, comentó, es lamentable que una institución que venía a abonar a un estado de derecho y cultura de la legalidad, a tres años de su creación vemos que no existe una verdadera voluntad de legislar sobre esa materia.
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Al no existir una Fiscalía Anticorrupción, subrayó que no se puede someter a juicio las instancias de gobierno y a sus actores, laguna jurídica que propicia y deja impunes hechos ilícitos que encuadran en el delito de corrupción.
Recordó que la Fiscalía se creó para que fuera autónoma, no dependiente del ejecutivo, con autoridad, recursos y patrimonio propio, para evitar vinculación o tráfico de influencias por parte de los gobernantes en turno.
Durante el gobierno de Jaime Bonilla se ha pretendido que la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública (SHFP), a cargo de Vicenta Espinosa, sustituya la contraloría del estado y la función de la Fiscalía Anticorrupción, dijo.
Sin embargo, anotó que las facultades de la SHFP se encuentran limitadas, porque es un órgano interno para los empleados del gobierno y del ejecutivo estatal, del que depende, por lo que consideró que esta dependencia no tendría por qué estar auditando al SEA, si el Sistema realmente estuviera funcionando.
