Tijuana.-La empresa Consolidated Water y el gobierno de Baja California están en pláticas para retomar el proyecto de desaladora que se construiría en Playas de Rosarito, la cual fue cancelada de manera unilateral por la administración anterior.
“Hay una denuncia que tenemos por la desaladora en Playas de Rosarito, estamos tratando de solucionar esa parte por el impacto económico que tendría para el estado, incluso ir a litigio, porque es internacional y son muy costosos”, dijo Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California.
La transnacional, que en México la representa la empresa Aguas de Rosarito, presentó una demanda en tribunales internacionales la cual se encuentra actualmente en proceso, y lo que se busca es recuperar la inversión realizada antes de que se cancelara el proyecto.
El contrato se realizó bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP) durante la administración del ex gobernador Francisco Vega, pero su construcción nunca arrancó.
En 2020, el ex gobernador Jaime Bonilla dio por cancelado el contrato de manera unilateral, esto tras considerar la falta de viabilidad financiera del proyecto y operación.
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“Nosotros nos dimos a la tarea de contactar a esta empresa a través de su CEO (director ejecutivo, por sus siglas en inglés), ya hemos tenido pláticas”, dijo Juan José Pon Méndez, consejero jurídico del gobierno estatal.
Explicó que Consolidated Water presentó una solicitud para un arbitraje internacional demandando la cantidad de 51 millones de dólares, inversión que realizaron.
El procedimiento arbitral se encuentra suspendido, esto derivado de las mesas de trabajo que están llevando a cabo con representantes legales de la empresa con “el propósito de conocer a detalles cuáles son sus pretensiones y en base a que están demandando”, informó el consejero Jurídico.
“Ahorita estamos en una mesa de análisis de todos los documentos que nos hicieron llegar, más de 13 mil documentos en los que supuestamente ellos están sustentando esta acción”, añadió.
Al ser cuestionado por medios de comunicación, si retomar este proyecto beneficiaría a los bajacalifornianos pues se pretendía vender el agua desalada a Estados Unidos, dijo que estaba especificado que beneficiaría a un millón 700 mil habitantes.