Tijuana. – La Comisión Estatal de Derechos Humanos investiga las acciones realizadas por la autoridad municipal en relación a la manifestación del pasado lunes 28 de septiembre.
La marcha #28S 2020, con motivo de la despenalización del aborto, tuvo una convocatoria de más de 200 mujeres, que pugnan por una reforma legislativa para que el aborto sea un derecho de las mujeres en todo el país.
En ese sentido, el ombudsperson, Miguel Mora, precisó en comunicado de prensa que la CEDH realizó acciones de acompañamiento durante la manifestación, así como en las posteriores detenciones de manifestantes.
Asimismo, informó que visitadoras del organismo observaron la marcha y, consecutivamente, acudieron a la Estancia Municipal de Infractores (EMI) y a la Agencia del Ministerio Público (MP) para realizar entrevistas a las detenidas y documentar los hechos.
El titular del organismo público autónomo precisó que a partir de lo anterior se tuvo conocimiento de que cinco mujeres fueron remitidas a la EMI y una al MP. En ambos casos la CEDH corroboró el estado de las manifestantes; en lo que respecta al grupo remitido a la Estancia Municipal, la principal inquietud fue tener conocimiento de su situación jurídica, misma que se les informó, así como corroborar que sus familias también tuvieran conocimiento. En el segundo caso, la persona asegurada manifestó su intención de presentar queja ante este organismo.
Mantente siempre informado con nuestra edición digital ¡Suscríbete aquí!
Por otro lado, también se tuvo información de dos periodistas que señalaron uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Municipal, por lo que personal de la CEDH estableció contacto con ambas para conocer estos hechos.
A decir de la manifestación previa, el 26 de septiembre, en donde también hubo detenidos, la defensoría del pueblo reiteró que también se realizó el acompañamiento el día del evento y se analiza el actuar de las autoridades involucradas, sin que hasta el momento se haya presentado alguna de las personas detenidas a iniciar una queja formal contra algún funcionario público o instancia de gobierno.