Tijuana.- Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), termina su gestión el próximo 19 de septiembre, y el Congreso local deberá elegir a su sucesor o sucesora.
Fueron cuatro años de trabajo que coincidieron con tres ejecutivos: los últimos dos meses del panista Francisco Vega de Lamadrid, después la llegada de Morena con Jaime Bonilla Valdez, entre 2019-2021, y actualmente Marina del Pilar Ávila Olmeda.
En medio de ese vuelco político partidista que atravesó su administración, asegura que la autonomía constitucional del organismo nunca fue violentada, aunque admite que hubo intentos.
“Hay una agenda política que trató de llegar a la institución y fuimos muy celosos de por qué y para qué está hecho un organismo en materia de derechos humanos”, dijo.
La CEDHBC de Mora Marrufo también pasó por la pandemia de Covid-19, emergencia de salud que recortó un 10% su presupuesto, cantidad que pudo recuperar este último ejercicio fiscal, aunque ese no fue el único reto.
En ese periodo el organismo tuvo que plantearse una agenda para priorizar temáticas en el contexto de la pandemia como la protección del personal médico y las comunidades vulnerables.
Hoy que la vida pública parece retomar su ritmo acostumbrado, regresan las exigencias para salvaguardar las garantías básicas de los bajacalifornianos y evitar los abusos del poder, una tarea inacabada que pronto Mora Marrufo tendrá que heredar.
ACCEDE A NUESTRA EDICIÓN DIGITAL ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!
¿Cómo deja la Comisión?
“Se rompieron récords históricos en distintos indicadores en materia de educación, convenios de colaboración con distintos sectores y por eso voy muy agradecido con la sociedad civil, los colegios y las barras de profesionistas, con la academia que ha acompañado desde el inicio, las agencias de Naciones Unidas y distintos organismos internacionales”.
“Como todo, a pesar de estos grandes esfuerzos y el papel que tiene la Comisión, lamentablemente seguimos observando indicadores en materia, por ejemplo, de violencias de género”.
“Eso obliga a que el organismo tenga que seguir siendo fortalecido. Se tiene que alcanzar una autonomía financiera para trabajar, incidir y estar más cerca de donde se está construyendo la agenda en materia de derechos humanos”.
La CEDHBC de Mora Marrufo fue la impulsora de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en 2021, uno de los temas prioritarios adoptados por el organismo, junto con la protección a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
En 2022, la Comisión acreditó la omisión del estado en el feminicidio de Lucero Ruby, ocurrido en San Quintín dos años atrás.
En su recomendación 4-2022 dijo que esa muerte pudo ser prevenida si las autoridades hubieran dado cumplimiento a las órdenes de protección y el culpable no hubiera sido liberado días antes de cometer el asesinato
Otro de los logros del organismo fue acreditar el abuso sexual en contra de 20 menores de edad, porque esto permitió que un maestro que estaba en libertad fuera llevado ante la justicia
“Sí hay recomendaciones, casos de éxito en los que hemos podido incidir de manera directa”, apuntó Miguel Mora Marrufo.
También en esta gestión se creó el Centro Estatal de Derechos Humanos, un órgano para fortalecer profesionalmente al personal y crear material especializado en derechos humanos.
¿Cómo deja el cumplimiento de las recomendaciones?
“El cumplimiento de las recomendaciones es uno de los grandes retos que tiene el organismo porque es quien las emite, pero también las instituciones del estado tienen el reto de cumplir con el mandato de las de las recomendaciones”
Mora Marrufo recalcó que de las 24 recomendaciones específicas y dos generales emitidas durante su cuatrienio, todas tienen un avance de al menos 50% de cumplimiento.
Al inició de su gestión, asegura, la mayoría tenían entre el 10% y 20%.
“No solamente consiste en insistir a la autoridad el cumplimiento de cada una de ellas, sino en modificar la estructura de las recomendaciones”, dijo.
Antes de irse, adelantó, notificará al Congreso el avance en el cumplimiento para que los servidores públicos puedan ser llamados a comparecer.
La ley ya contempla esta medida para las autoridades que no admitan las recomendaciones, pero no establece qué hacer con quienes las admiten, pero no las cumplen, y ese es un pendiente a nivel nacional.
“Tenemos que empezar a avanzar hacia poder sancionar a los servidores públicos, aunque se haga con aprensiones económicas”, mencionó el presidente de la CEDHBC.
¿Qué temas deja pendientes?
“Trabajar sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.
“Por el contexto en el que vivimos, por priorizar el presupuesto aunque todos los grupos son igualmente importantes (...) Se tiene que priorizar agendas como la de las personas desaparecidas, la violencia a niñas, niños y adolescentes, el sistema penitenciario, estar revisando el Sistema DIF, las celdas municipales”.
“Esto jala y carga la agenda de la Comisión a temas que evidentemente son violaciones graves a derechos humanos, que constituyen también una violación histórica como en el caso de las desapariciones forzadas o la tortura que seguimos documentando”.
Mora Marrufo destacó que actualmente la Comisión tiene tres programas especializados: el mecanismo que supervisa la Convención de discapacidad; el programa de niñas, niños y adolescentes; y la Secretaría de los derechos de las mujeres y perspectiva de género.
Pero para los siguientes años, agregó, espera que se desarrollen programas enfocados en migración y trata, comunidades indígenas y LGBTQI+.
Además deben garantizarse los derechos de las familias y personas desaparecidas, porque aunque hoy existen las comisiones de víctimas y de búsqueda de personas, el estado sigue teniendo un gran pendiente en materia de justicia hacía ellos.
¿Qué faltas detectadas por la CEDH siguen sin ser atendidas?
“Una que es un patrón, una conducta del Estado, es la falta de cumplimiento a la reparación integral del daño a las víctimas y las garantías de no repetición”.
“La reparación integral no solamente tiene que ver con una indemnización, sino también con los recursos de ayuda inmediata y una política pública que obliga a no repetir los hechos que terminaron en una violación de derechos”.
El presidente del organismo señaló que en los últimos años las principales autoridades señaladas por la ciudadanía son el Sistema Penitenciario, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana, el Sistema Educativo y la Fiscalía General del Estado.
“Al menos el 10% de los asuntos que recibimos tienen que ver con un un dolo de la población con las policías. Uso de la fuerza, detención arbitraria, en algunos casos tortura, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales.
¿Qué presupuesto requiere el organismo para funcionar plenamente?
“Nosotros planteamos desde el 2021 un crecimiento progresivo. Solicitamos alrededor de 64 millones de pesos para este ejercicio fiscal. Creemos que para un primer crecimiento podría ser un buen inicio”.
“Hay otros factores también que se tienen que trabajar, que por contexto del Covid ya no se pudieron avanzar, era toda la ilusión dejar un edificio propio”.
El organismo ha cambiado de ubicación al menos tres veces en los últimos diez años a causa de temas presupuestales, otro de los pendientes que recibirá quien ocupe la titularidad de la CEDHBC para el siguiente periodo.
“Habría que hacer ya el planteamiento de las agendas y la autonomía de gestión y financiera. Dónde priorizar agendas, programas y hacia dónde destinar recursos”.
“Al menos para este 2023, ese era el presupuesto justo (64 millones) que crecía progresivamente, que atendía la parte natural inflacionaria del aumento de gastos, que nos permitía contratar algunos perfiles para abatir este rezago y habrá que seguir creciendo”.
“Definitivamente somos una de las instituciones que tiene menos presupuesto, hacemos magia con el recurso”.
¿Se atrevería a dar una sugerencia a la persona que próximamente ocupará su posición?
“No, yo creo que no me atrevería a menos que fuera una petición expresa. Lo único que tendría que comentar es que la defensa de los derechos humanos primero es un ejercicio de introspección y hay que ser congruentes con el proyecto de vida”.
“Uno no puede estar dando entrevistas y discursos en materia de derechos humanos y en otro escenario ser contrario a esa visión”.
“Me parece que eso es lo más importante que todos tenemos que cuidar de la institución, que la persona que venga tenga pleno conocimiento tanto del reto interno como externo en materia de derechos humanos, que cuide la institución y sobre todo que quede de manifiesto la autonomía constitucional, la libertad de levantar la voz y trabajando cercanos siempre con la sociedad civil”.
“La principal fortaleza del organismo, desde mi óptica, son tres factores: las víctimas principalmente, la sociedad civil y los medios de comunicación. Yo traté de trabajar muy cercano a estos tres actores. No me atrevería a aconsejar a nadie”. *Esta entrevista fue editada para facilitar su lectura.
