Karina Torres
En una laguna legal se encuentran las decenas de familias afectadas por los deslizamientos de tierra ocurridos hacen más de un año en la colonia Lomas del Rubí de la delegación San Antonio de los Buenos. Ellos, al no tener un responsable directo y haber sido olvidados por las autoridades, no han podido tomar posesión de los predios que les fueron donados para resarcir parte de los daños ocasionados.
En agosto de 2018, las autoridades del Ayuntamiento de Tijuana firmaron un contrato de promesa de donación de predios a las familias afectadas por los deslizamientos de tierra que derivaron en el derrumbe de sus viviendas de más de 30 años. Los terrenos donados simbólicamente se encuentran en los fraccionamientos Villa de Baja California y Residencial Los Pinos, pero la inseguridad y vandalismo que padecieron, y nula atención por parte de las autoridades correspondientes, obligaron a las familias a optar por no vivir en los terrenos en tanto no tuvieran construcciones dignas.
Fue entonces cuando los responsables del fraccionamiento Residencial Los Pinos, junto con autoridades del Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana (Promun), prometieron hacer donaciones propiciar la construcción de las viviendas con un costo estimado de 219 mil de pesos, explicó Atalía Ramos, integrante del comité de los vecinos de Lomas del Rubí, una de los residentes afectados por los deslizamientos de tierra.
“Hicieron una propuesta de vivienda por parte del fraccionador de ahí. Esta empresa iba a ser, iba a poner su mano de obra, iba a dar un crédito a las familias; entonces, nosotros íbamos a pagar por la construcción de viviendas 219 mil pesos por cada vivienda. Estamos hablando de una vivienda con dos cuartos, cocina, comedor, baño; ese era el costo que se nos daba por parte de la empresa”, explicó Atalía Ramos.
Durante las negociaciones, Raúl Melo, representante del Grupo Melo, empresa constructora señalada por el Ayuntamiento de Tijuana como responsable por los deslizamientos de tierra, se acercó con las autoridades y la empresa constructora de Los Pinos para ofrecer ocho millones de pesos, de acuerdo con Atalía, recurso que sería invertido para reducir el costo final que pagarían los residentes de Lomas del Rubí. Esto, afirmó, fue a finales del año 2018; sin embargo, ni grupo Melo ni las autoridades locales han dado seguimiento al caso dejando a los residentes de Lomas del Rubí, por más de un año, sin una vivienda propia donde habitar.
“Este señor (Raúl Melo) firmó un convenio con Promun para comprometerse a que, (a) nosotros, la casa no nos valiera 219 (mil), sino que nos valiera 119 (mil); o sea, iba a tener una reducción de 100 mil pesos aproximadamente en el costo. Pues entonces dijimos ‘está bien’. Aquí el problema es que sabemos lo que nos toca pagar; ya no es lo mismo, ya no es la misma cantidad. Entonces, este señor Raúl Melo dijo que sin condiciones; obviamente, él nunca dijo que era responsable. Entonces, fue antes del peritaje. Te estoy hablando que fue antes de que saliera el peritaje (de la PGJE) y al final incumple en el convenio; no hizo la aportación. Nosotros nos quedamos bailando con el proyecto; entonces, el proyecto prácticamente nos lo pararon; no nos han dado información de Promun, de qué va a pasar con la construcción de (las) casas”, afirmó Atalía Ramos.
Aun sin la donación del representante del Grupo Melo, los residentes estaban interesados en echar a andar la construcción de lo que sería su nuevo hogar; sin embargo, las autoridades municipales no han dado continuidad a ese caso al grado de que algunos vecinos han querido dar los enganches de las viviendas, pero los representantes del fraccionamiento Residencial Los Pinos no han aceptado el dinero, reiteró Ramos.
“Supuestamente, para estas fechas (mayo de 2019) nosotros deberíamos de estar estrenando casa, porque nos lo dijeron desde el año pasado casi desde que hicieron la donación del predio; un mes después, presentaron el proyecto para lo de las casas, y nada. Lo fueron postergando que por la aportación de este señor, que incumplió con la aportación, y no se ha hizo nada; pero bueno, independiente a si hace la aportación, la deuda nos la íbamos a aventar nosotros”, puntualizó.
VANDALISMO AHUYENTA A RESIDENTES
La promesa de la donación de predios fue anunciada por parte del Ayuntamiento de Tijuana en agosto de 2018, seis meses después del hundimiento masivo ocurrido durante la madrugada del 2 de febrero del mismo año que dejó al menos a 100 familias sin el patrimonio que construyeron por 30 años. En el evento, se anunció la donación de 19 terrenos por parte del gobierno municipal y 46 más por parte del Gobierno del Estado. Sin embargo, una semana solamente pudieron habitar las familias en los terrenos ubicados a un costado del fraccionamiento Residencial Los Pinos. El vandalismo y las amenazas que sufrieron los residentes los obligaron a dejar el nuevo espacio que pensaron podría convertirse en su nuevo hogar.
“De hecho, yo fui uno de los que hizo un cuarto, pero nada más que me lo violentaron, me abrieron, me robaron todo. Haz de cuenta que lo estaba acondicionando para irme para allá; de hecho, ya tenía el baño, pero me robaron la taza. Entones, le dije a mi esposa ‘no, imagínate, estamos ahí pero nos van a acabar’ (…) y no tenemos un documento que nos diga que somos dueños; es una promesa pero no nos han dado nada”, afirmó el señor Andrés, residente, por más de 20 años, de la colonia Lomas del Rubí y uno de vecinos que perdió su patrimonio por los movimientos de tierra ocurridos en la zona.
El documento entregado en su momento por el Ayuntamiento de Tijuana contaba con las características de los terrenos, superficie, pero no es considerado como un documento oficial, ya que solo dicta ser una “donación de terreno”, mas no un título de propiedad. A ocho meses de la donación de terrenos realizada por la autoridad municipal, ninguna de las 65 familias que recibió un predio ha podido comenzar la construcción de un cuarto.
CASO SE IRÍA A LA FISCALÍA FEDERAL
Luego del peritaje dado a conocer por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) durante el pasado mes de febrero, en el que se deslindó de responsabilidades a Grupo Melo por los deslizamientos de tierra, los 110 vecinos que interpusieron la denuncia por daños buscan hoy que sea la Fiscalía General de la República (antes Procuraduría General de la República) la que retome el caso para que se les dé una solución a la crisis que han enfrentado desde hace meses.
“La parte jurídica en este caso, por parte de los penal(es) están viendo que se pase a la federación por esta cuestión de conflicto de interés, que se traiga a la federación para que lo traiga la fiscalía. Entonces, ahorita se está recopilando la información que se necesita para el procedimiento y que ya no lo lleve el estado, porque tampoco puede ser juez y parte”, explicó Atalía Ramos.
El documento otorgado por la PGJE contradice el peritaje realizado por el Ayuntamiento de Tijuana, en el cual se señala directamente a Grupo Melo por los movimientos de tierra realizados a las faldas del cerro de la colonia Lomas del Rubí para la construcción de un complejo habitacional.
Sin embargo, el peritaje de la PGJE culpa a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) y los propios residentes por supuesta filtraciones de agua. “Nosotros esperábamos un complemento del peritaje entregado por parte del municipio, en donde hacia responsable al fraccionador del Valle del Pedregal, y en est(e) caso la procuraduría emite uno que es totalmente opuesto, lo cual cambia totalmente la jugada, y nos está poniendo más trabajas el estado para poder seguir con la reparación del daño por parte del responsable”, afirmó.
LOS DESLIZAMIENTOS SIGUEN EN LA ZONA
Aunque otra de las preocupaciones actuales es que la falla sigue avanzando, por lo que varias viviendas que ya había sido etiquetadas como de alto riesgo, terminaron por derrumbarse en días pasados. Los deslizamientos han avanzado hasta casi llegar a la calle Libertad de Expresión, ubicada en la parte superior de la calle Liberal Patria, de la cual hoy ya no quedan más que escombros.
“La zona, que ya estaba (con) engomados, se está cayendo. Gracias a dios, las familias de la zona ya se habían ido; las familias ya no vivían ahí, ya se movieron. Lo que nos preocupa es una zona de la Liberal Patria, donde estaban las tienditas. Esa zona está a poquitos metros, como cuatro metros de la zona colapsada, y estas familias, que aún se encuentran viviendo, están en engomados amarillos. La verdad, están muy pegados a la zona de riesgo; entonces pues, la verdad, ahí sí ha habido poquito de omisión. Bueno, creo que mucho (de omisión) por parte de Protección Civil”, reiteró Atalía.
