Tijuana.-Reubicar la planta de gas asentada en la 5 y 10, y no solo sancionar con multas administrativas, demandó la activista y ex diputada federal Carmen López Segura, al considerar que por mínima que sea la operación que se realicen en esas instalaciones, representan un riesgo inminente para la población.
López Segura, como diputada federal presentó un punto de acuerdo en el que planteó la necesidad de reubicar la planta de Zeta Gas, pero sus argumentos fueron refutados por la empresa que negó ser un peligro, al no ubicarse ni en zona habitacional, ni cerca de hospitales o centros comerciales.
Sin corroborar la veracidad de tal argumento, el dictamen que advertía sobre el riesgo de la operación de esa gasera fue encarpetado, aseguró la ex diputada federal.
La exdiputada aplaudió la clausura realizada por las autoridades municipales de Tijuana, pero advirtió sobre el poder económico y la influencia que tiene en políticos la empresa.
Dijo esperar que esta vez sí se actúe en consecuencia y la empresa no siga imponiendo su poder económico y político para mantenerse en un punto de alta densidad poblacional y de movilidad, como es la zona de la 5 y 10.
“Su reubicación es algo que la población sigue demandando y que ninguna autoridad ha querido escuchar”, acotó.
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Respecto al dictamen presentado en su momento por Carmen López, el representante legal de la Compañía de Gas de Tijuana, S.A. de C.V. (Z Gas), Efrén Rodríguez Reyes, sostuvo que es “inexistente” algún tipo de peligro que pudiera representar la planta de gas ubicada en la Delegación La Mesa.
Entonces pidió a los diputados del Congreso de la Unión desechar el punto de acuerdo presentado por la entonces legisladora.
Sin embargo, tras las clausura efectuada por autoridades del Ayuntamiento de Tijuana el pasado fin de semana, el apoderado legal de la compañía gasera se negó a dar información, argumentando que él se encuentra en la Ciudad de México, y este caso lo atienden los representantes de Tijuana.
La suspensión de actividades de la planta de gas fue realizada por la dirección de Inspección y Verificación del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, con apoyo de la Dirección de Bomberos.
Entre las irregularidades detectadas se encontró que la empresa carece de un Plan Interno de Protección Civil.
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