Tijuana.- El Congreso de Baja California aprobó la Ley Malena para penalizar la violencia ácida, con condenas que van de siete a 13 años de prisión.
De forma unánime los legisladores estatales respaldaron esta iniciativa, que contempla también que la pena incrementará, en caso de que las lesiones por la violencia ácida afecten la cara, cuello, manos, brazos y órganos sexuales de la víctima.
Pero la iniciativa no solo contempló la violencia ácida, de igual manera se aprobó que el delito de feminicidio es imprescriptible; se agrava la pena del delito de feminicidio cuando la víctima sea niña, adolescente, indígena, persona adulta mayor, con discapacidad, embarazada, sometida a prostitución, entre otras.
De igual manera se impuso la obligación de que toda muerte violenta de mujer se investigue como probable feminicidio; se incrementa la pena mínima de prisión de 35 a 40 años.
La diputada Michel Sánchez Allende, habló con El Sol de Tijuana sobre los alcances de esta iniciativa recién aprobada y publicada en el Periódico Oficial de Baja California.
¿Cuáles son los antecedentes de la ley ácido en Baja California?
Ese tema es muy importante, se inspira en la historia de Malena, que es una mujer activista saxofonista oaxaqueña, cuya pareja es quien a través de un tercero, le arroja ácido para dañarla físicamente y también de manera emocional, mental y psicológicamente.
Tuvimos acercamientos con Malena para promover la ley acá, de hecho nosotros fuimos el primer estado, le ganamos a la Ciudad de México, como dos a tres semanas, luego se aprobó en la Ciudad de México.
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¿Pero lo que se aprobó tiene más alcances que Ley ácido?
Yo traía una reforma de feminicidio, esa se acaba de publicar hace no mucho y es donde ya de manera obligada toda muerte violenta de mujer debe investigarse bajo el protocolo de feminicidio. Incluso aunque sea suicido o una cuestión criminal, ya después se puede descartar esa línea de investigación, pero ya de manera obligada está.
Ya tenían un protocolo, pero sabíamos que teníamos que meterlo en la ley para que fuera obligatorio para la autoridad, la Fiscalía estuvo a favor de eso.
¿Qué otro tipo de temas se incluyó?
En el artículo 129 lo que hicimos fue hacer una reforma muy grande, incluye varios movimientos como Ley Malena, también la Ley Monzón, que es la pérdida de la patria potestad del feminicida. Incluye la Ley Ingrid que sanciona a la persona servidora pública que filtre imágenes, datos o información sobre el caso y la víctima de feminicidio.
También dentro de este proyecto metimos 10 agravantes, donde se pide que sea mayor condena a aquellos feminicidas, que son personas servidoras públicas y se valieron de la confianza o la autoridad para cometer el delito. Aquellos feminicidas que sean chóferes de taxis, camiones y plataformas digitales.
Cuando el feminicidio es cometido en contra de una mujer indígena, un adulto mayor, una niña, una mujer con discapacidad. También se reconoce en la reforma a las mujeres en su diferentes edades y diversidades, entonces podría entrar una categoría de análisis como los transfeminicidios por razones de género.
¿Cuáles son los detalles específicos de la Ley ácido?
En ese momento aprovechamos para meter la Ley Malena que busca sancionar a aquellas personas que a través del ácido, de manera dolosa, porque ahí se puede confundir como las intervenciones médicas, que te meten algún ácido por un tema estético, pero ahí no aplica, porque ahí la diferencia del delito, aquí habla de que sea doloso, que una persona tenga ese dolo hacia ti y a parte tenga razones de género, una relación de confianza, de cohabitación, pareja, jefe y es ahí donde se pueda dar esas lógicas de jerarquía y puedan llevar a cometer ese tipo de delitos.
¿Qué sigue después de esto?
En este caso Malena es una activista que sigue impulsando esto en todo el país y esperamos que pueda haber una reforma a nivel nacional en el código penal para que aplique en todos los estados, si no cada estado tendría que legislarlo.
