Tijuana.-El exprocurador de los Derechos Humanos en Baja California, José Luis Pérez Canchola, consideró que Mario Aburto Martínez tendría que ser liberado e indemnizado por el Estado Mexicano al haber sido víctima de tortura.
El exombudsman bajacaliforniano afirmó que él fue testigo de cómo torturaban al asesino material de Luis Donaldo Colosio Murrieta.
“Tenía evidencia de que al terminar el interrogatorio formal a Mario Aburto, se lo llevaron a otra área de la Procuraduría y al llegar yo de manera imprevista, observé que lo estaban cubriendo con una espuma, eso a mí me consta, lo vi, lo cuestioné y me dijo la persona que era un comandante que era para trasladarlo a las celdas y que era para protegerlo”, expuso.
Pérez Canchola señaló que este fue uno de los motivos por los que en fechas recientes el caso se reabrió.
“Ese hecho y la declaración de él de que había sido llevado a Playas para un interrogatorio, también eso generó que se reabriera el caso, pero solo en la parte de la posible tortura, a tantos años de distancia, me parece no va a tener mayor efecto”, expresó.
“¿Por qué?”, le preguntó la prensa local al terminar su participación en el Grupo 21.
Respondiendo Pérez Canchola: “Porque ya estuvo en la cárcel más de 20 años, ¿cómo corriges eso?”.
Insistió en que Aburto Martínez tendría que ser liberado de forma inmediata, sumado a la suma que tendría que pagarle el Estado Mexicano.
“En principio la investigación fue desviada, mal hecha y en ese sentido habría que buscar la responsabilidad pero parte de la gente que ya intervino, ya falleció. Hay muchos lados oscuros de esta investigación que dejan la duda abierta y que va a quedar así, porque no creo que esto se aclare”, aseveró.
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Y agregó: “Nunca debió haber sido enviado a la prisión, ahora el estado mexicano tendrá que indemnizarlo si se demuestra que fue víctima de la circunstancias. Fue un invento de culpabilidad”.
Por último, compartió su hipótesis sobre quién o quiénes están detrás del magnicidio de Colosio Murrieta.
“Hay muchas hipótesis, una de ellas de un crimen ordenado por el narcotráfico en coordinación con cómplices políticos”.
