Tijuana.- A pesar de que los feminicidios y los homicidios dolosos en contra de mujeres disminuyeron en 2023 en comparación con 2022 en Baja California, las cifras no son alentadoras.
De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el año pasado se registraron 20 feminicidios en el estado, mientras que en 2022 fueron 32.
Los homicidios dolosos en contra de mujeres en 2022 fueron 299, y en 2023 la cifra fue de 250.
Marlene Solís Pérez, profesora e investigadora del departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte (Colef), mencionó que estas disminuciones no son precisamente un alivio.
“Si vemos la tendencia, es cierto, ha habido una contención, pero no son datos que nos alegren, no es un buen resultado”, comentó.
La académica recordó que todos los asesinatos de mujeres deben ser investigados desde un inicio como feminicidios, pero duda que en Baja California este protocolo sea aplicado de manera sistemática.
Baja California ocupó el lugar 14 a nivel nacional por feminicidios durante 2023, mientras que en homicidios dolosos en contra de mujeres fue el lugar número tres.
El año pasado, de acuerdo con la cifras oficiales, se registraron dos mil 581 homicidios dolosos en contra de mujeres, mientras que el número de feminicidios fue de 827.
Miguel Ángel Gaxiola, fiscal especializado en delitos contra la vida de la Fiscalía General del Estado (FGE), respondió por escrito a una serie de preguntas enviadas por El Sol de Tijuana, que muchos de los asesinatos de mujeres están ligados al crimen organizado.
Un argumento que las autoridades investigadoras han sostenido desde hace ya varios años cuando tienen que explicar por qué tantas mujeres son asesinadas en Baja California.
“Son casos que se tienen que revisar en la investigación, pero muchos de los asuntos están relacionados con la pugna que existe por la venta de narcomenudeo o delitos que van ligados al narcomenudeo”, dijo el fiscal.
Pero la investigadora del Colef, Marlen Solís Pérez, consideró que los homicidios en contra de mujeres están más relacionados a sus vínculos con los criminales y no a una participación directa de ellas con el crimen organizado.
“Muchas veces son sus hijos, sus parejas o parientes, pero no son ellas teniendo un papel activo, están relacionadas con criminales, no forman parte del crimen”, agregó.
La académica destacó que dentro de los grupos delictivos las mujeres no tienen cargos altos, e incluso son vistas como objetos.
“Esa es otra manera de exponerlas a situaciones de riesgo, esta cultura del narco es demasiado machista (...) ¿Cuántas mujeres son líderes o forman un papel activo?”, cuestionó.
Mencionó que las dinámicas fronterizas, como la población en tránsito, la relación estrecha con Estados Unidos, la desigualdad y la migración, son factores que hacen más vulnerables a las mujeres y las pone en mayor riesgo de ser asesinadas.
“Hay una cuestión cultural y estructural que sigue estando muy presente que tiene que ver con el machismo y patriarcado: las mujeres transgreden algunos espacios y son víctimas de feminicidio”, señaló.
Marlene Solís también destacó que es difícil que las mujeres migrantes exijan al gobierno sus derechos, este es un elemento por el que la migración puede influir en los contextos de alta violencia hacia las mujeres.
“Se ha visto en diversos estudios que una de las causas por las que migran es porque han tenido experiencias de violencia y en el tránsito también sufren violencias. Estas condiciones hacen que las mujeres migrantes estén expuestas a situaciones de violencia y a ser víctimas de feminicidio”, dijo.
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FEMINICIDIOS Y JUSTICIA
10 de los 20 feminicidios cometidos en Baja California durante el 2023 ocurrieron en Tijuana. Esto colocó a la ciudad como la quinta con la cifra más alta a nivel nacional.
De acuerdo con el fiscal Gaxiola, en ocho de estos 10 casos los agresores fueron la pareja de la víctima.
Ensenada ocupó el lugar 51 en feminicidios a nivel nacional con tres casos; Mexicali el lugar 87 con dos; y Tecate el lugar 88 con la misma cantidad.
“Se identificó que en todos han sido las parejas sentimentales de las víctimas”, añadió el fiscal especializado en delitos contra la vida.
Miguel Ángel Gaxiola destacó que en 2023 fueron detenidas y aseguradas 32 personas con órdenes de aprehensión por el delito de feminicidio, mientras que en 2022 detuvieron a 23 personas por ese mismo delito.
“Estos números podrían reflejar asuntos propios durante el año 2022 o 2023 pero también algunos casos de años anteriores que se logran resolver en esa época”, explicó.
En 2022 fueron judicializados 40 feminicidios y en 2023 la cifra fue de 35, además en este último año la fiscalía logró 13 sentencias, detalló.
Sobre la justicia para las mujeres víctimas de homicidio, Miguel Gaxiola mencionó que 15 personas fueron detenidas por este delito durante 2023.
Además resaltó que por delitos en los que las mujeres fueron víctimas lograron la judicialización de 94 carpetas de investigación.
PROTECCIÓN A MUJERES
En 2021 fue emitida la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Baja California, luego de un primer intento que terminó solo en eso.
La declaratoria vigente incluye 10 medidas de prevención, 11 medidas de seguridad, 13 medidas de justicia y cinco medidas de reparación del daño que los gobiernos en turno deben de resolver.
La investigadora del Colef destacó que en esta administración municipal y estatal ha habido avances importantes que pueden explicar la contención de los delitos de feminicidio y homicidios dolosos contra mujeres.
“Por ejemplo el Centro de Justicia para Mujeres que ha tenido resultados favorables en los últimos años en cuanto a políticas de prevención, y las otras políticas como el Escuadrón Violeta y el Botón Morado. Se ha hecho un esfuerzo por mejorar el contexto de falta de acceso de las mujeres a sus derechos humanos”, dijo.
Sin embargo, estas políticas y medidas no tendrán resultados de manera inmediata, estimó la investigadora.
Y añadió que es necesario ampliar la capacidad en los Centros de Justicia para Mujeres, además de garantizar la correcta aplicación de los protocolos en la investigación de feminicidios.
“Que las carpetas estén bien hechas, que haya unidad de contexto porque estas unidades lo que hacen es fundamentar los casos para que sean tratados como feminicidios a partir de un análisis de cómo se dieron estos homicidios”, detalló.
En materia de prevención, continuó, son necesarias las “garantías de no repetición” que consisten en que la violencia en contra de las mujeres no se perpetúen hasta que llegar al feminicidio.
“¿Cómo hacemos para trabajar con esos victimarios para que modifiquen sus conductas violentas? ¿Cómo le hacemos para que las familias tengan herramientas para educar a hijos e hijas y que los conflictos familiares no deriven en violencia hacia las mujeres?”, preguntó.
También es necesario realizar diagnósticos en los espacios públicos para localizar las zonas de mayor riesgo para las mujeres y así modificarlos para que sean espacios donde las mujeres puedan transitar con mayor seguridad, añadió Solís Pérez.
“Hay algunas iniciativas como los transportes violetas o los puntos naranja, pero todavía falta trabajar en el ámbito comunitario como centros que puedan funcionar para que las mujeres tengan espacios y no sólo para denunciar, recursos para enfrentar situaciones y ser consciente de estos círculos de violencia”, agregó.
