Tijuana.-El Ayuntamiento de Tijuana no contempla solicitar que el Nodo 20 de Noviembre pase al municipio, expuso la secretaria de Desarrollo Urbano y Ambiental, Patricia Peterson Villalobos.
Es una obra que ni el gobierno del estado ha ofrecido al municipio, ni las autoridades del ayuntamiento de Tijuana lo han pedido, expuso la funcionaria.
En 2019, antes de concluir el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, el gobierno del estado mencionó su intención de pasar la obra a manos del municipio de Tijuana, sin haber atendido las recomendaciones de la mesa técnica del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, ni las observaciones de la dirección de Fiscalización y Evaluación de la Inversión Público.
Entonces las autoridades locales advirtieron que solo la recibirían si se atendían las recomendaciones técnicas efectuadas por el Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana para solventar las deficiencias observadas en el proyecto.
Respecto a las auditorías realizadas a la obra que evidenció deficiencias aun sin ser inaugurada, en 2018 la dirección de Fiscalización y Evaluación de la Inversión Público realizó cuatro observaciones, entre la que destacó la Adjudicación directa del contrato número D-PDR-15-TIJ-SI-160 otorgado a Constructora Makro, S.A. de C.V.
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Y aunque en 2020 la Secretaría de Honestidad y Función Pública, a cargo de Vicenta Espinoza, dijo que esta observación fue turnada al área de responsabilidades “ya que no se presentó la justificación sobre la adjudicación directa”, ningún servidor público ha sido sancionado hasta el momento.
Así lo confirmó vía Transparencia la Dirección Jurídica de Responsabilidades y Situación Patrimonial de Sidurt “al no haber localizado que se haya aplicado sanción alguna a ningún servidor público a causa de la ejecución del proyecto Nodo Vial 20 de Noviembre”.
Al respecto, la secretaria de Honestidad y Función Pública de Baja California, Vicenta Espinoza, indicó no haber aplicado sanción alguna por la calidad de la obra, ni por la adjudicación directa sin justificar.
Las otras tres observaciones de la dirección de Fiscalización y Evaluación de la Inversión Pública fueron solventadas con escritos en los que los involucrados se comprometieron a no incurrir nuevamente en acciones que ameriten ser observadas.
Tal es el caso de la falta de cierre de bitácora, de la cual se indicó en un oficio que se solventó “habiendo instruido al personal involucrado para que en lo sucesivo implementaran las acciones correspondientes”.
