Tijuana.-No contemplar la verificación vehicular para el próximo año resulta una omisión por parte del gobierno del estado a lo que marca la ley ambiental, opinó Carmen Romo, ambientalista y directora de Tijuana Calidad de Vida, A. C.
La verificación vehicular, más que necesaria, representa un cumplimiento a la norma ambiental y a los compromisos binacionales en calidad del aire, que se debe salvaguardar, agregó.
En efecto, la operación de los sistemas de verificación de emisiones de automotores en circulación se encuentra contemplada en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como en la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California.
La ambientalista lamentó que las autoridades, en lugar de intensificar la política que garantice un control en la emisión de sustancias tóxicas al medio ambiente, eliminen las pocas medidas establecidas para ello.
“De por sí no tenemos mucho control de los vehículos que contaminan, sin esta medida precautoria, menos”, anotó.
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No obstante, consideró que, de algún modo, sí contribuía a que los propietarios de los vehículos regulados revisaran las condiciones mecánicas de las unidades, con el objetivo de pasar la verificación, lo cual abonaba a disminuir un poco la emisión de contaminantes al medio ambiente.
A su arribo, el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda no pudo localizar ni soporte documental ni un análisis que sustentara la concesión otorgada por Bonilla, razón por la que optó no incluir la verificación vehicular en la Ley de Ingresos de 2022.
Y aunque el anterior gobierno anunció que el nuevo programa de revisión de unidades motrices iniciaría a partir de septiembre, Worldwide Enviromental no comenzó operaciones.
Recientemente, Marco Antonio Moreno Mexía, secretario de Hacienda de Baja California, anunció la cancelación del contrato que la administración de Jaime Bonilla Valdez asignó a mediados de 2021 a la empresa californiana Worldwide Enviromental, para la operación de los verificentros en la entidad.
De acuerdo a Moreno Mexía, será a partir de enero cuando se realice un análisis en materia de protección al medio ambiente y se determine si procede o no aplicar la verificación vehicular.
La medida de suspender la verificación vehicular por tercer año consecutivo no fue consultada con los grupos ambientalistas.
