Tijuana.- Las revisiones en las pertenencias de los estudiantes pueden ser justificables en ciertas circunstancias, indicó Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California.
“La corte en la CEDH ha reconocido que puede ser violatorio los operativos mochila, sin embargo hay situaciones y supuestos en las que pueden ser justificables estas revisiones cuando hay una amenaza de un daño mayor a una comunidad educativa”, explicó.
Sin embargo, en los protocolos establecidos por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Seguridad, no son identificables ciertas situaciones o supuestos que justifiquen las revisiones de mochilas, señaló Mora Marrufo.
Se deja a la libre criterio de la autoridad cuando debe implementarse o no un operativo mochila. La corte ha establecido que si hay la presunción de un daño mayor a la comunidad educativa pueden justificarse estas revisiones
El presidente de la CEDH detalló que desde la comisión que preside han solicitado que estas revisiones a las pertenencias de las niñas, niños y adolescentes no sean exhaustivas, y que es necesaria la participación de los padres de familia.
“No se debe violar la presunción de inocencia de los niños, niñas y adolescentes, que sepan y tengan cierto conocimiento, incluso que se les tome la opinión como lo estipula la Comisión del niño”, detalló.
Mora Marrufo reiteró que el enfoque en los Derechos Humanos como obligación constitucional no debe ser un impedimento para ninguna acción de ningún gobierno.
“La comisión emitió un exhorto en donde se reconoce que son inconstitucionales aquellas revisiones de las pertenencias a los niños, niñas y adolescentes que no estén justificadas o que no contemplen distintos supuestos”, dijo.
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Para finalizar, el presidente de la CEDH señaló que no se debe centrar la atención en los operativos de revisiones de mochila, pues también se debe atender que provoca estas situaciones.
“Lo que tenemos que atender son las causas de lo que está generando estas circunstancias. Primero atender las denuncias, atender las causas que tienen que ver con situaciones económicas, sociales y salud mental. El protocolo debe ser integral, no específicamente para revisar las pertenencias”, concluyó.
