Tijuana.- Flor de María García, delegada estatal de la asociación ProVida, pide al Congreso estatal socializar la iniciativa en la que se pretende despenalizar el aborto y se declaró en contra de esto bajo el argumento de que la vida se debe de proteger desde su concepción.

“Buscamos que se socialice, estamos pidiendo algo que es parte del proceso legislativo, debería de respetarse el derecho de la sociedad de estar informada y esa es una petición, que se socializa el tema antes de que se tome esa decisión apresurada o escondida, escudada en las pantallas (reuniones virtuales del Congreso) por la situación de la pandemia, porque es una situación literal de vida o muerte”, comentó.

La asociación civil ProVida pidió al Congreso local dar a conocer de qué se trata la iniciativa, para saber los alcance de la misma, consideró que la sociedad debe participar, pues afecta directamente a la sociedad.

Flor de María García aseguró que en Baja California no existen personas privadas por el delito de aborto y que la ley establece que las mujeres en caso de violación sexual pueden abortar hasta los tres meses de gestación, si así lo deciden.

“En cuanto a violación, la estadística es mínima del número de embarazos que surgen, pero está despenalizado, ya sabemos que hasta los tres meses; en cuanto al seguimiento de que se dice que hay personas en prisión, cero en Baja California, puedo consultar, hay cero personas en prisión por causa de aborto y como insisto, hay anuncios por toda la ciudad de personas que ofrecen ese servicio impunemente”.

El pasado 7 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por mayoría que el aborto no debería de ser considerado como un delito en el país, por lo que los Congresos locales deberían de modificar sus leyes penales para despenalizar la interrupción del aborto como un delito.

Autoridades del Sistema Estatal Penitenciario informaron que no existen mujeres detenidas por el delito de aborto, sin embargo, se encuentran tres hombres detenidos que enfrentan condenas en promedio de 16 años de prisión, cuyas edades son, el más joven, de 26 años, y el mayor es de 34 años.

Jesus Nuñez, comisionado del Sistema Estatal Penitenciario, dijo que hasta el momento se desconoce si la reforma de ley podrá dar libertad a estos hombres y se necesita analizar cada caso.