Tijuana.-Las mujeres privadas de la libertad son abandonadas por el sistema legal y en otros casos por su familia, poniéndolas en desventaja porque al no contar con un sustento económico para pagar una buena defensa legal, enfrentan condenas injustas, dijo Miriam Ayón Castro, presidenta de la Red de Mujeres Unidas por Baja California.
Mencionó que existen casos, en los cuales la familia debe hacerse cargo de los hijos y no pueden solventar los gastos legales, perjudicando a la mujer, quien en muchos casos, no fue juzgada de manera adecuada.
Ayón Castro, señaló que existen protocolos para que las mujeres sean juzgadas con perspectiva de género, pero estos no se siguen y en caso de hacerlo, los jueces no lo hacen de forma adecuada.
Esto en referencia al caso de Alina Narciso Tehuaxtle, ex policía municipal sentenciada a 45 años, tras asesinar a su expareja en defensa propia, que este miércoles fue absuelta y puesta en libertad de forma inmediata.
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Señaló que desde un inicio existían los elementos para sustentar que el homicidio fue en legítima defensa, pero el juez falló al no dictar sentencia con perspectiva de género.
“Tenemos que combatir esas resistencias que existen todavía en las personas operadoras de la justicia que no tienen la sensibilidad”, anotó Ayón Castro.
Resaltó el papel fundamental de Socorro Tehuaxtle, mamá de Alina Narciso, quien se preparó legalmente para ayudar en el caso, buscó expertos y asesoría legal, además de continuar buscando el apoyo de la ciudadanía.
“Hasta que se levanta la voz, hasta que se pone el dedo en la llaga, es cuando se actúa”, opinó la presidenta de la Red de Mujeres Unidas por Baja California.
