Tijuana.-La alcaldesa Monserrat Caballero Ramírez y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, Fernando Sánchez González, se reunieron con el fiscal general del estado, Ricardo Carpio Sánchez, tras el ataque en contra de un elemento del equipo de seguridad de la primera edil.
Este miércoles estaba programado que Caballero Ramirez rindiera declaración ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pero en cambio se llevó a cabo la reunión privada en Palacio Municipal.
Fuentes oficiales de la fiscalía indicaron que el fiscal no iba por la declaración de la alcaldesa y que para eso hubo otra reunión, pero esto no pudo ser corroborado.
Comunicación Social del Ayuntamiento indicó que la presidenta municipal quizá hablaría con la prensa tras la visita del fiscal, pero no dio declaraciones.
La reunión en Palacio duró alrededor de una hora 20 minutos, y según el equipo de comunicación de la alcaldesa, no hubo presencia del Ministerio Público sino que fue una plática “casual”.
ACCEDE A NUESTRA EDICIÓN DIGITAL ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!
Carpio Sánchez mencionó que fue más conveniente “pasar a visitar” a Caballero Ramírez y no que ella acudiera a la FGE para hablar del atentado del pasado miércoles 17.
Agregó que no hay motivos para sustentar que la agresión estuviera dirigida a la primera edil morenista.
“El objetivo definitivamente no era afectar la integridad de la alcaldesa ni siquiera tenemos elementos para establecer que conocían de la actividad o de la comisión en especial que tenía la persona que debió haber ido conduciendo este vehículo”, dijo.
El blanco de la agresión era “La Puma”, una integrante de la escolta de Caballero Ramírez que se encontraba de vacaciones el día de los hechos, por lo que los disparos fueron contra el agente que la sustituía.
Tres personas han sido detenidas y una ya enfrenta cargos penales, pero por ahora desconocen las razones del ataque, dijo Carpio Sánchez
El fiscal mencionó que en la reunión hablaron del replanteamiento en la atención a seguridad pública y los mecanismos de coordinación con instituciones de procuración de justicia estatal y federal.
