Daniel Ángel Rubio | El Sol de Tijuana
Baja California está en la lista de los 10 estados con mayor progreso social en el país durante 2019, a pesar de estar reprobada en seguridad, según un estudio difundido por la asociación México ¿Cómo vamos?
Además de ese aspecto, la medición incluyó el acceso a nutrición y servicios médicos básicos; vivienda; agua y saneamiento; acceso a información y comunicaciones; libertad personal y de elección; inclusión; derechos personales y acceso a educación superior.
El estado obtuvo una puntuación de 69.79 puntos de 100, y ocupó el décimo sitio en la evaluación que encabezan Nuevo León, Querétaro y Aguascalientes con 73.85, 73.08 y 71.11 puntos respectivamente.
A excepción de la Seguridad Personal, en el resto de los indicadores fue calificado con “Desempeño superior” o “Dentro del rango esperado”.
Donde no lo obtiene es porque se consideró que existe un alto nivel de crimen violento, una alta presencia del crimen organizado y por la percepción de inseguridad que tiene la población adulta, sin descontar la tasa de homicidios.
También aparece con una baja calificación por paridad de género en educación secundaria, obesidad y participación electoral.
Con sus 69.79 puntos, Baja California se ubicó por encima de la media nacional de 67.63, mientras que al fondo de la lista están los estados de Guerrero con 58.86 puntos en el lugar 32; Oaxaca en el 31 con 60.16, y Chiapas en el 30 con 61.59.
De acuerdo con México ¿Cómo vamos? “el Índice de Progreso Social (IPS) es independiente de los indicadores económicos como el PIB, pero no busca reemplazarlos sino complementarlos. Su propósito principal es evaluar aquello que realmente importa en la vida de las personas: ¿Tengo un hogar que me brinde protección? ¿Tengo suficiente para comer? ¿Tengo acceso a educación?”.
El análisis, detalló en el documento presentado este mes, fue con base en datos del Inegi, Conacyt, Conapo, Coneval, el Banco Mundial, el Sesnsp, la SEP y varios más.
La asociación informó que el IPS es realizado a nivel mundial desde 2014 por la organización Social Progress Imperative, dirigida por Michael E. Porter, de la Escuela de Negocios de Harvard, y por el economista Michael Green.
También subrayó que es la primera versión estatal en el país “con el fin de proporcionar una herramienta puntual de medición e incidir en políticas públicas de desarrollo social que enfoquen recursos en las necesidades particulares de cada estado del país”.