Daniel Ángel Rubio
Tijuana.- Las quejas por tortura crecieron casi un 100% en Baja California entre los años 2017 y 2018, pero prevalece la impunidad en este delito, de acuerdo con el registro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), informó su titular Melba Olvera Rodríguez.
“El mensaje que el estado le manda a los servidores públicos, o a las servidoras públicas que cometen actos de tortura, es que es un delito que queda impune”, mencionó.
En los dos años anteriores, dijo, las autoridades más señaladas fueron la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), autoridad encargada de investigar la tortura, seguida de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).
Además, fueron remitidos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 5 casos que involucran a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), agregó Melba Olvera.
Refirió que desde su existencia como delito, la tortura apenas ha sido sancionada unas cuantas ocasiones en el estado, lo que significa que las autoridades no reconocen que existe.
También los juzgados están advirtiendo que las personas presentadas ante ellos fueron violentadas por las corporaciones policiacas que los detuvieron por la presunta comisión de un delito, destacó.
“En el 2018 hubo un incremento de los oficios de vista que el sistema judicial le dio a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para investigar casos de tortura”, mencionó la presidenta de la CEDH.
Detalló que en 2017 abrieron en el estado 27 expedientes, donde uno fue por tortura sexual, y del total 19 fueron en Tijuana, 5 en Tecate, y los 3 restantes en la capital del estado, Mexicali.
El año pasado no hubo acusaciones por violencia sexual, pero el número de quejas subió 94% con 29 casos en Tijuana, 11 en Ensenada, 8 en Mexicali y 3 en Playas de Rosarito, indicó.
Los expedientes están abiertos mientras siguen realizando estudios y protocolos para acreditar la tortura, apuntó la presidenta del organismo defensor de las garantías individuales en Baja California.
