Una de las metas de la nueva gestión del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Baja California (CEPIBC), es fomentar que más agentes de este sector cuenten con la licencia que los acredita como tales, lo cual da certeza jurídica a los compradores de bienes inmuebles.
Se estima que solo el 11 por ciento de quienes se dedican a ese giro, tienen su credencial vigente, comentó Ricardo Vizcarra Gómez, quien estará al frente de ese consejo para el periodo 2023-2024.
Precisó que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Baja California unas 2 mil 470 se dedican al giro inmobiliario, pero el consejo que encabeza solo tiene la certidumbre de que 273 cuentan con la licencia vigente que emite la Secretaría de Economía en la entidad.
Esto significa que apenas el 11 por ciento cuenta con la licencia, considerando que desde el 2014, se creó una ley en la que se regula la actividad de los profesionales inmobiliarios.
Vizcarra Gómez, quien tomó protesta como líder del consejo estatal ayer, puntualizó que en la agrupación que preside están asociadas once distintas de agentes inmobiliarios que agrupan a un total de 573 personas, pero solo 273 cuentan con la licencia.
“Muchos no la han renovado, otros ya tienen los cursos, pero no la han sacado, entonces nos propusimos llegar al 50 por ciento de agentes con la licencia en un año, del Consejo Estatal de Profesionales inmobiliarios, somos 573, pero se estima que hay alrededor de 2 mil que no están asociados (a una agrupación)”.
El líder del sector consideró que puede que uno de los factores que inhiba la renovación, son los costos que deben enfrentar los agentes inmobiliarios, ya que deben de tomar un curso de una capacitación que dura 40 horas y tiene un costo de 4 mil 500 pesos.
A eso, se le suma que deben de pagar 3 mil 500 pesos al gobierno estatal, así como el costo de su membresía ante las asociaciones de inmobiliarios, lo cual puede ser de alrededor de 7 mil pesos, sumando un gran total de alrededor de los 15 mil.
Una de las opciones que buscará explorar, es que la Secretaría de Economía apoye con alguna forma de financiamiento para cumplir con el pago de derechos ante la autoridad estatal.
