Tijuana.- Las denuncias presentadas por posibles actos de corrupción de servidores públicos no están siendo investigadas y se encuentran en el “limbo” porque sigue sin haber fiscal anticorrupción, y la Fiscalía General del Estado (FGE), no tiene facultades para ello.
Incluso agentes del Ministerio Público han presentado “oficio de incompetencia” a directivos de la FGE cuando les son asignadas carpetas de investigación relacionados con probables delitos de corrupción.
Argumentan que esas indagatorias no están en sus facultades sino en las de la Fiscalía Especializada. El problema es que esa fiscalía no existe en la práctica, sólo en la ley.
El código penal de Baja California “establece que los 14 delitos relacionados con actos de corrupción deben ser investigados por fiscal de combate en contra de la corrupción, es por eso su importancia que la gobernadora mande la terna”, dijo José Hans Zamorano Dueñas, delegado en Baja California de la Coordinadora Nacional de Abogados en México.
“Estamos ante un vacío jurídico de todas aquellas corruptelas que se han hecho por medio de los ex funcionarios y de los actuales”, añadió.
LAS INVESTIGACIONES
El pasado mes de marzo, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda anunció una denuncia penal contra integrantes de la administración del ex gobernador Jaime Bonilla por posibles actos de corrupción en la contratación de la empresa Next Energy para construir una planta fotovoltaica.
“Se me hace raro que ahora están imputando delitos, bien merecidos, al ex gobernador. Me imagino que se ha de estar riendo de esas imputaciones”, comentó Hans Dueñas.
Mencionó que en la mayoría de los estados ya está funcionando la fiscalía especializada en materia de corrupción, y no entiende por qué no hay nombramiento en Baja California.
En el último informe del Sistema Nacional Anticorrupción, sólo Baja California y Baja California Sur tienen pendiente la designación de esta figura.
Sin embargo, también en marzo, el Congreso de Baja California Sur conformó una comisión de selección y ya presentó una terna.
Esto tiene a Baja California como el estado más retrasado en la materia porque “no hay una política estatal anticorrupción”, ya que aparte del fiscal, hace falta crear la Unidad Especializada de Combate a la Corrupción y nombrar a un magistrado especial, dijo Daniela Ramírez Cuevas, directora de operaciones de Vigilancia Ciudadana BC A.C.
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“Se pasan la bolita entre todos los poderes. Dicen estar a favor del combate a la corrupción, pero al final de cuentas no se termina de organizar para atender el problema real”, añadió.
Contó que en octubre pasado presentaron un exhorto al congreso para pedir las designaciones de fiscal y magistrado, pero no recibieron respuesta, solo una plática “vía zoom” con el diputado Juan Manuel Molina.
“Después de ocho meses podemos ver que hay la misma parálisis en este momento que hace dos años”, destacó.
Elizabeth Ojeda Mayoral, elegida por el Congreso como la primera fiscal anticorrupción del estado en noviembre del 2019, renunció un mes después argumentando falta de presupuesto y personal para llevar a cabo su tarea.
Algo parecido ocurrió con la magistratura especializada en el combate a la corrupción donde fue nombrado en mayo del 2019 Iván José Curiel Villaseñor, quien presentó su renuncia en marzo del 2020, según notas periodísticas.
Este 2022 en el presupuesto de egresos al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), le fueron asignados 14 millones de pesos, según el documento publicado en el Diario Oficial del Estado, firmado por Francisco Javier Rebelin Ibarra, en calidad de encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del SEA.
Sin embargo, para la Fiscalía y la Magistratura especializadas no se encontró un presupuesto asignado.
“Hasta lo que sabemos, el presupuesto no sale acorde a lo que se necesita, es casi nulo”, dijo al respecto Daniela Ramírez de la asociación Vigilancia Ciudadana BC.
Añadió que ninguna investigación está haciendo conducida bajo el procedimiento que marca la normatividad por la falta de nombramientos, y si las desarrolla alguien sin facultades eso podría traer problemas legales, y en el peor de los escenarios, esas investigaciones pueden ser desechadas.
Y mencionó que el Congreso del estado tampoco ha atendido la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para reformar los artículos 16 y 17 de Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado de Baja California.
La diputada local por Movimiento Ciudadano (MC), Daylin García Ruvalcaba, dijo que desde agosto del 2021 presentó una iniciativa para cumplir con la SCJN y así echar a andar el Sistema Anticorrupción.
Sin embargo, apuntó, nueve meses después “seguimos empantanados, sin nombramientos, sin reforma, y con un comité coordinador que no sesiona”.
Señaló que durante la administración del ex gobernador Bonilla el Sistema Anticorrupción fue desmantelado para imposibilitar investigaciones y que los ciudadanos pudieran actuar, algo que no ha sido corregido por Ávila Olmeda.
“Para la administración de la gobernadora no ha sido una prioridad, es un asunto olvidado, tal vez ahí, metido en algún cajón”, recalcó.
Comentó que el pasado 9 de mayo estaba programada una sesión de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales para revisar el dictamen que modifica los artículos señalados por la SCJN, pero sin motivo alguno fue cancelada por el diputado Juan Manuel Molina sin determinar nueva fecha para reunirse.
