/ martes 3 de octubre de 2023

Violación a derechos humanos, principal deficiencia al investigar feminicidios en BC

Los casos estudiados fueron las versiones públicas de sentencias de feminicidio y tentativa de feminicidio clasificadas con perspectiva de género del Tribunal Superior de Justicia en el Estado

La principal deficiencia en las investigaciones de feminicidios en Baja California es que existe una violación generalizada y sistematizada de los derechos humanos por parte de los operados de justicia, señaló Elsa Jiménez Larios, consultora en evaluación y diseño de políticas públicas.

“Hay un gran número de casos que se llevan a cabo de una forma extendida, que se realizan en un marco de impunidad y esta práctica puede ser atribuible especialmente a las instituciones [de impartición de justicia]”, mencionó.

Estas deficiencias fueron identificadas en el Análisis sobre la perspectiva de género en las sentencias de feminicidio en Baja California, realizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) y la Red de Mujeres Unidas por BC.

Los casos estudiados fueron las versiones públicas de sentencias de feminicidio y tentativa de feminicidio clasificadas con perspectiva de género del Tribunal Superior de Justicia en el Estado (TSJEBC).

Jiménez Larios, quien también forma parte de la red, añadió que otra de las principales fallas en las investigaciones es que no se aplica un protocolo para investigar con perspectiva de género.

“Tenemos un gran número de homicidios y muertes violentas contra mujeres, la fiscalía no los clasifica como feminicidios a pesar de que tiene obligación de hacerlo”, dijo.

Otras fallas son la compresión en los protocolos de feminicidios por parte de las fiscalías del estado, que existe un alto índice de impunidad, entre otros.

El pasado 27 de septiembre, la Red presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a diversas legisladoras de la Cámara de Diputados, el análisis de las sentencias.

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También solicitaron una audiencia con la ministra presidente Norma Piña Hernández, para obtener una postura de la SCJN y que reconozcan que existe una omisión por parte de los operadores de justicia y una falta de aplicación en los protocolos para investigar feminicidios.

La principal deficiencia en las investigaciones de feminicidios en Baja California es que existe una violación generalizada y sistematizada de los derechos humanos por parte de los operados de justicia, señaló Elsa Jiménez Larios, consultora en evaluación y diseño de políticas públicas.

“Hay un gran número de casos que se llevan a cabo de una forma extendida, que se realizan en un marco de impunidad y esta práctica puede ser atribuible especialmente a las instituciones [de impartición de justicia]”, mencionó.

Estas deficiencias fueron identificadas en el Análisis sobre la perspectiva de género en las sentencias de feminicidio en Baja California, realizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) y la Red de Mujeres Unidas por BC.

Los casos estudiados fueron las versiones públicas de sentencias de feminicidio y tentativa de feminicidio clasificadas con perspectiva de género del Tribunal Superior de Justicia en el Estado (TSJEBC).

Jiménez Larios, quien también forma parte de la red, añadió que otra de las principales fallas en las investigaciones es que no se aplica un protocolo para investigar con perspectiva de género.

“Tenemos un gran número de homicidios y muertes violentas contra mujeres, la fiscalía no los clasifica como feminicidios a pesar de que tiene obligación de hacerlo”, dijo.

Otras fallas son la compresión en los protocolos de feminicidios por parte de las fiscalías del estado, que existe un alto índice de impunidad, entre otros.

El pasado 27 de septiembre, la Red presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a diversas legisladoras de la Cámara de Diputados, el análisis de las sentencias.

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También solicitaron una audiencia con la ministra presidente Norma Piña Hernández, para obtener una postura de la SCJN y que reconozcan que existe una omisión por parte de los operadores de justicia y una falta de aplicación en los protocolos para investigar feminicidios.

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