Las organizaciones de la Sociedad Civil, “Agua para todos” y la Central Campesina Cardenista, informaron que acudirán a los tribunales para revertir los decretos de reservas de agua publicados por el Ejecutivo federal, a través de los cuales se suprimen zonas de vedas y se establecen zonas de reserva de agua en varias cuencas del país, ya que aseguran estos decretos no solo perjudican a los campesinos sino a toda la población del país.
En conferencia de medios, Luis Miguel Cano abogado de la Central Campesina Cardenista informó que los decretos afectan a ejidos de 13 entidades del país, por lo que a más tardar el miércoles se presentarán 35 amparos colectivos en los estados en contra de los decretos de reservas de agua, porque dan prioridad a quien primero solicite la concesión de agua y no a quien tiene uso preferente de acuerdo con la Constitución.
En este sentido, la Central Campesina Cardenista anunció que junto con otras organizaciones el jueves realizará protestas en todas las sedes del país de la Comisión Nacional del Agua porque lo decretos violan la Constitución en diversos artículos.
Concesiones polémicas
Miguel Cano explicó que la base de los amparos es cuestionar que al levantarse las vedas, el recurso que se pone a disposición de las concesiones, será en primer lugar a quien primero lo solicite y no se toma en cuenta la prioridad de ejidos y comunidades que establece la constitución.
El abogado dijo que de esta forma se evita que no tengan procedencia porque aún no se ha asignado el agua y hay comunidades que pueden gozar del líquido. "El agua es para quien más lo necesita, si hay disponibilidad de ella, no para quien primero lo pida tal como lo establecen los decretos".
Por su parte, Max Correa, líder de la Central Campesina Cardenista, indicó que los diez decretos publicados el 6 de junio en el Diario Oficial, que suspenden vedas en cuencas hidrológicas y establecen reservas de agua, abren la posibilidad de iniciar un procedimiento de privatización de aguas dotadas previamente por decretos presidenciales a ejidos y comunidades.
Recordó que defender el derecho humano al agua, establecido en el artículo cuarto de la Constitución, es la base jurídica de la estrategia así como defender los derechos de los ejidos con base al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
