A partir del 1 de enero del 2022 nació la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, con lo que se establece que la responsabilidad de velar por la seguridad pública del estado, recae en el ejecutivo estatal, y ya no en la Fiscalía General del Estado (FGE), como se estableció en la pasada administración estatal.
En el acto de su protesta como gobernadora constitucional del estado, el pasado 31 de octubre del 2021, Marina del Pilar Ávila Olmeda, presentó una iniciativa de reforma al Congreso del estado, para la creación de dicha secretaría, rompiendo el modelo establecido por su antecesor, Jaime Bonilla Valdez, que las había fusionado.
El pasado 27 de diciembre, el poder legislativo aprobó en una sesión extraordinaria, diversas reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado, Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California y la Ley que crea la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California.
Con lo anterior, la Ley de Seguridad Pública del Estado, cambia de denominación a Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California.
El sábado 1 de enero, la gobernadora del estado tomó la protesta al general Gilberto Landeros Briseño, como secretario de Seguridad Ciudadana, por “recomendación” del presidente Andrés Manuel López Obrador, según reconoció Ávila Olmeda.
Landeros Briseño estuvo encargado de la operación de detención del ex alcalde de Tijuana y dos veces candidato a gobernador del estado, Jorge Hank Rhon, por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, el 4 de junio del 2011, cuando era encargado de la Segunda Zona Militar con sede en Tijuana, y que posteriormente devino en la liberación de este.
LA REFORMA
Con la citada serie de reformas, se crea el Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana, responsable del programa estatal de seguridad, que establecerá las políticas, así como aquellas acciones que coordinadamente deberán realizar las Instituciones de Seguridad, la administración pública estatal o municipal.
Además de órganos autónomos que directa o indirectamente coadyuven en temas relacionados con la seguridad y en cuya creación participarán activamente el Consejo Ciudadano y los Comités Ciudadanos Municipales de Seguridad Ciudadana, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Es por lo anterior, que se rediseña la integración del Consejo Estatal y atendiendo a dichos parámetros se prevé que en su conformación participen las Instituciones de Seguridad Pública de la entidad de que se trate y de la Federación.
En tal virtud se integran como parte del Consejo Estatal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana; el Secretariado Ejecutivo que fungirá como Secretario Técnico del Consejo Estatal; la persona titular de la Secretaría General de Gobierno.
Además de la persona titular de la Fiscalía General; la Comisión del Sistema Estatal Penitenciario, el presidente municipal de cada municipio del estado; y los representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional; de la Secretaría de Marina; de la Fiscalía General de la República, y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Las atribuciones que desarrolla la reforma para el Secretariado Ejecutivo serán en materia de análisis y planeación, tales como realizar estudios especializados sobre las materias de seguridad y formular recomendaciones a los órganos de coordinación, Instituciones de Seguridad, organismos privados y particulares, que forman parte del Sistema Estatal.
Así como analizar los fenómenos generadores de violencia, desde la perspectiva de su origen, comportamiento e incidencia y el riesgo o afectación que provocan a los derechos de las personas en materia de seguridad ciudadana.
Asimismo, se estipula que los miembros de las instituciones policiales y de la Agencia Estatal de Investigación están facultados para el uso legal de la fuerza en los términos previstos en la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, y conforme a los protocolos establecidos y el pleno respeto a los derechos humanos.
La Guardia Estatal de Seguridad y de la Policía Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria cambian a Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y a la Fuerza Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria.
PREVENCIÓN
Se crea la Unidad Estatal de Inteligencia Preventiva como una instancia que no busca la reacción sino la prevención de la violencia y el delito de una manera proactiva.
Esta Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana será la encargada de llevar a cabo la inteligencia preventiva de las violencias y delitos, a través del análisis de la información contenida en el Sistema Estatal de Información.
Tendrá a su cargo desarrollar acciones sistematizadas para planear, recopilar, analizar y aprovechar la información del Sistema Estatal de Información, para prevenir las violencias y delitos; realizar acciones de vigilancia, identificación, monitoreo.
También se encargará del rastreo en la Red Pública de Internet sobre sitios web con el fin de prevenir conductas delictivas; así como coordinar y ejecutar análisis de información para generar inteligencia operacional, que permita identificar a personas y grupos delictivos, con el fin de prevenir la comisión de delitos; entre otros aspectos.
También se introduce el padrón de ubicación de las construcciones abandonadas y padrón de arrendamientos, para ahora agruparse esta información en un sólo registro denominado Padrón Inmobiliario, quedando a cargo de los Municipios y la Secretaría, aportar los datos que sus autoridades recopilen en esos rubros, respectivamente.
El C4 cambia de denominación y se establece a nivel legal el objeto del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad y Contacto Ciudadano del Estado de Baja California, como Unidad Administrativa de la Secretaría.
Estará a cargo de la operación de los procedimientos para la prestación de los servicios de asistencia telefónica, así como de monitoreo y videovigilancia.
La gobernadora del estado tomó la protesta al general Gilberto Landeros Briseño, como secretario de Seguridad Ciudadana, por “recomendación” del presidente Andrés Manuel López Obrador
