Tijuana.- La consulta indígena que se realizará en el estado el próximo 4 de marzo tiene como objetivo escuchar y tomar en cuenta a la comunidad para reformar la Constitución de Baja California, pero se está realizando en muy poco tiempo y con falta de información.
Las reformas a las leyes deben garantizar que los integrantes de las comunidades indígenas y afrodescendientes establecidas en el estado cuenten con participación política igualitaria, permitirles votar y ser votados para un cargo público en las elecciones.
Durante el proceso electoral celebrado en 2020, el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), estableció que cada partido político y coalición debía contar con al menos dos candidaturas indígenas.
Además, en los espacios para regidurías, tanto los partidos como los candidatos independientes y las coaliciones tenían que entregar por lo menos una candidatura indígena en cada municipio, a excepción de Ensenada, en donde se ordenaron dos, debido a la alta concentración de población indígena que hay en ese municipio, el más grande del estado.
Pero esto se realizó de forma incorrecta e incluso hubo abusos.
Anahí Pérez Cuevas, maestra e integrante de la comunidad Mixteca San Martín Peras, asentada en Tijuana, y quién participó como candidata en las últimas elecciones, recuerda que hubo discriminación, violencia y desigualdad política, aparte de usurpación.
Por ejemplo, pese a los lineamientos establecidos por el IEEBC, hubo al menos seis candidatos en todo el estado que hicieron uso de esta llamada “acción afirmativa” para ser parte del proceso electoral sin pertenecer a una comunidad/pueblo indígena o ser afrodescendientes.
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Es el caso de la exdiputada y ahora titular de la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género, Miriam Cano Núñez, y de los candidatos a regidores de Ensenada, Jorge Eduardo Vega Zamora y María de Lourdes Ostos, cuyas candidaturas tuvieron que ser sustituidas.
Para evitar este tipo de abusos es que el Congreso del estado debe reformar la Constitución del estado y las leyes que lo requieran.
EL PROCESO
La convocatoria para llevar a cabo esta consulta fue publicada el pasado 4 de febrero en español, pero también se compartió en mixteco bajo, purépecha y triqui, apenas tres de las 61 lenguas que se hablan en Baja California.
Perez Cuevas, que acudió a la sesión informativa en el Centro Estatal de las Artes de Tijuana (Ceart), dijo que no se contó con documentación en otras lenguas y tampoco hubo intérpretes.
“Que ya sea una realidad ahorita es de mucha alegría, sin embargo, sí hay un retraso en esta actividad (...) Por otra parte, las comunidades estamos ansiosas para que se nos tome en cuenta, invitando a otras comunidades que no sabían”, comentó.
La etapa informativa consistió en reuniones simultáneas en todo el estado que fueron realizadas el pasado 4 y 5 de febrero, en las cuales participaron diputados y observadores como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y el IEEBC.
En esta primera fase debían solventarse dudas respecto a la consulta, pero dejó muchas preguntas para la comunidad porque la falta de información fue evidente, igual que el desconocimiento de los diputados que presidieron las sesiones, señaló Anahí Pérez.
“Se vio como que ellos querían aprender de nosotros, y no que era lo que ellos como diputados pudieran hacer por nosotros”, comentó.
Otro de los problemas, considera el regidor Edgar Montiel Velazco, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas en el Ayuntamiento de Tijuana, así como miembro de la comunidad mixteca, fue la falta de difusión.
Añadió que no hubo una amplia campaña en las distintas comunidades para dar a conocer las actividades de la primera sesión informativa y ahora de la próxima consulta, algo que atribuye a que los tiempos establecidos por el TEPJF no fueron suficientes.
“Están actuando (los diputados) porque tienen los tiempos legales encima (...) Están haciendo esto de bote pronto y lo vimos en la dinámica que se dio en la consulta informativa (...) No se llevó una difusión completa”, dijo.
Además coincidió con la maestra Anahí Pérez en el desconocimiento de los diputados sobre el tema, a quienes notó “desconcertados”.
“Ni sabían qué estaba pasando ni sabían por qué es la consulta, y lo hicieron por cumplir”, anotó.
Todas las sesiones estuvieron presididas por miembros del Congreso, pero los asistentes denunciaron que al menos en las dos sedes de Tijuana no contaban con toda la información.
Montiel Velazco acudió a la sede informativa que se desarrolló en la primaria bilingüe VE'E SAA KUA'A, donde encontró una afluencia “moderada”, y Pérez Cuevas considera que la asistencia en Ceart fue regular porque acudieron las personas que habitualmente participan en estos procesos y muestran más interés.
En esta primera etapa participaron alrededor de 900 personas en todo el estado, pero de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), en Baja California existen 49 mil 130 personas hablantes de alguna lengua indígena.
Asistieron miembros de las comunidades nativas y asentadas en el estado como otomíes, mazahuas, yaquis, zapotecos, purépecha, cucapá, kiliwa, kumiai, pa-ipai, entre otras.
SÍ FUE APRISA
La diputada Evelyn Sánchez Sánchez, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y Bienestar en el Congreso del estado, mencionó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), les otorgó un plazo de 90 días para realizar esta consulta y legislar en torno a ella.
Por esa razón los tiempos se vieron reducidos, pero la diputada comentó que junto con el legislador Juan Manuel Molina informaron a las comunidades del estado desde hace tiempo.
El 31 de agosto de 2022, los diputados Juan Manuel Molina García y Evelyn Sánchez Sánchez, instalaron las comisiones conjuntas para trabajar en los posibles cambios a la Constitución.
“Hablamos de números cortos por los tiempos, nos hubiera gustado que se hubiera extendido más, pero también ya era justo y necesario que después de siete años le demos cumplimento a esta sentencia”, añadió la legisladora.
La consulta se realizará el sábado 4 de marzo en 12 sedes de forma simultánea, y el domingo 5 en San José de la Zorra, en Ensenada, con la comunidad Kiliwa.
Después de esto, el Congreso tiene hasta el 4 de abril para votar en el pleno las reformas a la Constitución que garanticen a las comunidades que el ser votadas “ya no va a ser una acción afirmativa, que ya va a ser producto de un derecho”, dijo la diputada morenista.
Las modificaciones también deben garantizar que nadie usurpe las posiciones que le corresponden a los pueblos originarios.
“Tenemos que sacar un proyecto que debe estar vertido de acuerdo con los reclamos de las entidades del tema, de los derechos políticos de los pueblos y comunidades”, explicó Sánchez Sánchez.
Añadió que una vez votado habrá un plazo de 90 días para que las reformas sean publicadas en el Periódico Oficial de Baja California.
La maestra Anahí Pérez Cuevas, al igual que los miembros de su comunidad, esperan que al finalizar la consulta haya una participación más justa en las elecciones y que las candidaturas sean otorgadas a las personas correctas.
“Que no se vuelva a ver lo de las usurpaciones, (...) Que haya más candidatos para que no cualquier persona tenga acceso a estos espacios, que no se nos pongan trabas a las que sí pertenecemos a la comunidad, que no haya desigualdad con respecto a los recursos”, enfatizó.
La diputada presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y Bienestar del Congreso de Baja California afirmó que ya están trabajando en estos “candados”.
“Lo más importante es la participación de nuestras comunidades en estas etapas, porque ya no tiene que ser acción afirmativa, se va a convertir en una ley donde ya debe de garantizar la participación de los entes de los pueblos, comunidades indígenas y afroamericanos”, añadió.
Montiel Velazco desconoce cómo va a ser la consulta del 4 de marzo pero teme que a causa del poco tiempo y la premura se repitan los problemas que vivieron durante el pasado proceso electoral.
“Está pasando lo mismo. Por sus tiempos, por no legislar correctamente, lo están haciendo precipitadamente y lo están haciendo por cumplir (...) Por cumplir su periodo van a sacarlo”, señaló el regidor.
