Debido a las deportaciones automáticas que Estados Unidos está realizando ante la contingencia del nuevo Covid-19, el Centro Integrador del Migrante de Baja California en Tijuana ya cuenta con 200 repatriados.
Pasó de 92 personas a más del doble a mitad de la semana recién concluida, de acuerdo con los datos proporcionados por el gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez.
El mandatario aseguró que el centro tiene capacidad hasta para mil personas, y que se están siguiendo todas las medidas de seguridad y salud para evitar contagios de Covid-19.
Ya el delegado del gobierno federal, Alejandro Ruiz Uribe, había informado que disminuyeron las repatriaciones, pero aumentaron las deportaciones exprés.
La persona que es deportada atraviesa un proceso legal para retornar a su país de origen, ante la contingencia mundial del Covid-19, el gobierno de Estados Unidos anunció que haría deportaciones sin este proceso. No se les toman huellas ni se ingresa registro de su estancia ilegal en el país.
La situación es que toda persona detenida en territorio de Estados Unidos, sin comprobar su estancia legal con papeles en orden será deportada en automático.
Del lado mexicano, el delegado, mencionó que las personas deportadas ingresan por donde mismo, pasan por un filtro sanitario, la mesa educativa por si quieren hacer un examen para validar su secundaria o preparatoria, otra mesa de referencia para trámite del Curp y recibe alimentos.
Posteriormente, se le exponen las opciones que tienen para permanecer en la ciudad o regresar a su ciudad de origen.
Si bien las autoridades dicen que al ingresar a México las personas deportadas pasan por un filtro sanitario, Ruiz Uribe afirmó que en el Centro Integrador del Migrante nuevamente pasan por un filtro, esto con la finalidad de detectar cualquier enfermedad infecto-contagiosa que pudiera poner en riesgo la salud comunitaria.
De continuar las deportaciones exprés, el centro seguirá recibiendo a los deportados que no cuenten con sintomatología de alguna enfermedad, de lo contrario serán canalizados a atención médica.
Mientras que Ruiz Uribe señaló que los operativos en conjunto con la Profeco continuarán para identificar y sancionar a los comercios que abusen de los consumidores con elevados precios y publicidad engañosa.
A la fecha se han sancionado a nueve negocios verificados por denuncias ciudadanas de altos costos en algunos productos. Las empresas dijo “son de todos tamaños, vamos a tomar acciones más contundentes ante esta práctica desleal”.
Recordó que es un delito acaparar la despensa básica con precios elevados sin justificación real.
Por último, el gobernador detalló que el día de hoy comenzará el reparto de despensas en las colonias más marginadas de la ciudad.
