Eliud Ávalos
Tijuana.- El empresario tijuanense Erik Baloyán denunció al Ayuntamiento de Tijuana por la disputa de un predio en la colonia Cañón de la Pedrera Este de esta ciudad, con la intención de favorecer a una empresa constructora. De acuerdo con la representante legal del empresario, Estela Esquivel Mondragón, “el ayuntamiento actuó de forma irregular para convertir el predio en una vialidad pública”.
Asimismo, la representante legal del señor Baloyán expuso que por todo esto se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de titular de la Dirección de Administración Urbana (DAU), Magdalena García Tafoya.
Relató que el beneficiario directo con este acto de la autoridad es “una empresa constructora (Habitamex) con un acceso a un proyecto habitacional que se llamará fraccionamiento Chapultepec Décima Sección.
Durante la charla señaló que el municipio no cumplió la orden de un juez federal que suspendió cualquier acción municipal en el predio; pero que el ayuntamiento fundamentó su actuación en una ley abrogada, además de que no ha dictaminado, ni notificado de forma correcta y “fabricó un citatorio y ocultó información al propietario del predio”.
Según explica la representante legal, había una barda que delimitaba el terreno del señor Baloyán. Dicha barda fue vandalizada y destruida, la madrugada del domingo 27 de enero de 2019, por personas que aún no han sido identificadas. “Amedrentaron al personal de vigilancia, derribaron la barda y limpiaron el escombro con maquinaria y equipo especializado”.
Por esta razón Baloyán Bárbara inició trabajos de excavación para reponer la protección del terreno, pero el martes 29 de enero de 2019 empleados de la DAU se presentaron en el lugar para ordenar la suspensión de la obra por falta de licencia de construcción.
“Para el 31 de enero de 2019, a petición de la empresa constructora Habitamex, la DAU ya había iniciado un procedimiento de recuperación de vialidad pública, presumiendo que la propiedad corresponde a una calle obstruida”, dijo la representante legal.
En este punto, Estela Esquivel Mondragón, detalló que Impulsora Habitacional Mexicana S.A. de C.V. (Habitamex), promovió que se determinara que el predio es una calle, “simulando contratos de arrendamiento en un conjunto habitacional que se encuentra en obra negra, para argumentar un interés público”.
Después de esto Erik Baloyán promovió un juicio de amparo contra las acciones del ayuntamiento de Tijuana y su representante explica que se determinó que existe incumplimiento a las medidas cautelares de suspensión concedidas, así como una denuncia penal contra diversos funcionarios públicos por falsificación de documentos.
Según refiere la representante, la DAU falsificó un citatorio para entregarlo como elemento de prueba en el juicio de amparo que promovió el empresario Baloyán, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales. “Para intentar fundamentar ante el Juez que se citó al propietario del predio de forma correcta, la dependencia entregó un documento distinto al que en realidad se utilizó”.
Dijo que el documento original que se dejó al guardia del predio en disputa el 5 de febrero de 2019 a las 3:10 p.m., refiere como destinatario a “CoTTo II” y como lugar el “fraccionamiento Chapultepec 10ma sección”. Según indica, estos datos son erróneos, porque no se manifiesta el nombre de persona alguna, ni un domicilio.
.JPG "bulevar bellas artes (3).JPG")
“Pero el documento que la DAU entregó en el juzgado ya indica a Erik Baloyán como citado y a la avenida Ingenieros Civiles Fraccionamiento Chapultepec 10ma. Sección como domicilio. Avenida que no existe de acuerdo con lo manifestado por la directora de Catastro Municipal, María Dolores Jauregui, en una solicitud de transparencia”.
En su relato manifiesta que el presidente municipal, Juan Manuel Gastélum, tiene conocimiento “de las irregularidades cometidas, ya que se le ha informado a través de un oficio en presidencia. Pero a la fecha no ha reaccionado ante la forma de trabajar de sus funcionarios”.
Recalcó que el juez segundo en materia de amparos, concedió la suspensión definitiva en relación con el actuar del Ayuntamiento, el 25 de marzo de 2019, “especificando que la administración municipal no puede resolver en definitiva el procedimiento de recuperación de vialidad pública”.
A pesar de esta orden, el 8 de abril de 2019, la DAU ordena el retiro de una pared de madera colocada para proteger el predio. Por este tema, El Sol de Tijuana buscó el posicionamiento de la directora de la DAU, Magdalena García Tafoya, sin que haya respuesta hasta el momento.
.jpeg "WhatsApp Image 2019-08-28 at 3.35.21 PM (1).jpeg")
