Tijuana.- Las empresas que pretendan ampararse contra la nueva tasa del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), tienen hasta finales de febrero para hacerlo, dijo Carlos Jaramillo Silva, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Tijuana.
“Sabemos que hay algunos movimientos particulares en donde están evaluando eso, sin embargo, no tenemos información oportuna en este momento de empresas que se estén amparando”, expresó.
El aumento al ISN del 1.80% al 4.25%, uniendo dos sobretasas a la tasa base, fue propuesto por la Secretaría de Hacienda del estado y aprobado por el Congreso local como parte de la Ley Ingresos 2024.
La intención de esto fue evitar los amparos contra las sobretasas del impuesto por parte de empresas.
Tras la reforma, el sector empresarial y el gobierno de Baja California acordaron que la actual administración estatal no hará nuevos aumentos al ISN ni presentará nuevas sobretasas, indicó.
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Esto se concretó luego de una reunión del pasado viernes en la que estuvieron presentes alrededor de 55 empresarios de la región, Marco Moreno Mexía, titular de la Secretaría de Hacienda, y Kurt Honold Morales, titular de la Secretaría de Economía e Innovación de Baja California.
“En este momento confiamos que no hay un incremento en impuestos, ni la implementación de nuevas sobretasas, ese es el compromiso que tuvimos por parte del secretario Marco Moreno y esperamos que así sea”, declaró Jaramillo Silva.
En la reunión también acordaron dentro la Ley de Competitividad el regreso de incentivos para las empresas en expansión, luego de haber sido eliminados a partir de este 2024.
“El 85% del crecimiento industrial del estado son expansiones, por lo tanto era importante que esas empresas que ya contaban con Baja California siguieran contando con incentivos, se va a trabajar con criterios nuevos, pero esos incentivos regresan”, dijo el presidente del CCE Tijuana.
Como parte de los acuerdos sobre el ISN, el gobierno del estado publicó en las últimas semanas una serie de decretos.
Estos incluyen la exención de la sobretasa a las Pequeñas y Medianas Empresa (Pymes) con 50 empleos o menos y una reducción en el pago del impuesto a las empresas con actividad primaria de exportación como el sector pesquero y agrícola.