El Ayuntamiento de Ensenada esperará a contar con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre el conflicto territorial entre el puerto y Playas de Rosarito, para dar a conocer si tomarán alguna acción legal al respecto, indicó el alcalde Armando Ayala Robles.
“Aquí no es la opinión que yo dé, es también escuchar los sectores, hay un grupo interdisciplinario de la defensa del territorio, que seguramente va a solicitar una reunión y nosotros vamos a escuchar a los sectores”, dijo.
El alcalde indicó que hasta el momento no han recibido una notificación oficial, por lo que en caso de que exista una solicitud de la ciudadanía para actuar legalmente tendrían que conocer la resolución de la SCJN para determinar los alcances y afectaciones que podría llegar a tener Ensenada.
El territorio en disputa es de 168 kilómetros que comprenden Santa Anita, la Fonda, Alisitos, y el Poblado Venustiano Carranza.
Actualmente hay un promedio de mil 300 claves catastrales, pertenecientes al municipio de Ensenada, lo representó este año un ingreso de dos millones 500 mil pesos en impuestos predial, detalló Ayala Robles.
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Por su parte Araceli Brown Figueredo, alcaldesa de Playas de Rosarito, dijo que ambos han mantenido un diálogo sobre la delimitación territorial de ambos municipios, en el cual acordaron que sería la SCJN quién tomaría la decisión.
“Suprema Corte de Justicia fue muy clara, queda sin efecto el reclamo que hace Ensenada, sin embargo nosotros somos municipios hermanos (...) Esto no viene a romper nuestra relación”, declaró en una atención a medios durante el arranque del programa Diciembre Seguro, en Ensenada.
Este miércoles 30 de noviembre la SCJN declaró nula la impugnación de Ensenada al decreto 15 aprobado en 2019 por el Congreso local.
En ese dictamen 1 de las Comisiones Unidas de Fortalecimiento Municipal, de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y de Justicia, el Poder Legislativo estableció los territorios de cada uno de los municipios del estado.
Sin embargo, el Estatuto Territorial debería haber sido creado desde 2002, sólo que el congreso bajacaliforniano ha faltado a su obligación y el Ayuntamiento de Playas de Rosarito incluso recurrió al máximo tribunal de justicia del país para empujar a los diputados a la aprobación.
La Suprema Corte le dio la razón al quinto municipio y por eso el Congreso de Baja California aprobó hace tres el decreto 15.
