Mexicali.- El consejero jurídico del Gobierno del Estado, Juan José Pon Méndez, compareció ante el Congreso de Baja California y habló de las acciones desplegadas durante el primer año de ejercicio de la Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda para redimensionar la intervención de las leyes y el derecho en la función pública.
En su intervención, Pon Méndez expresó que el Derecho asume un papel fundamental en la administración pública estatal ya que se encarga de diversas actividades, entre ellas, el combate a la violencia de género.
En ese sentido, puso como ejemplo las actividades de la Ventanilla Violeta de la Defensoría Pública, en la cual se atiende a mujeres que requieran algún tipo de intervención o asesoría jurídica.
"Este programa tiene por objetivo que las mujeres que sufren violencia de género sean escuchadas, asesoradas y canalizadas a diversas instituciones de acuerdo a la necesidad, como el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar en Mexicali, el Instituto de la Mujer del Estado y el Centro de Justicia para las Mujeres", expresó.
Por otro lado, el funcionario estatal informó que, precisamente a través de la Defensoría Pública se han realizado más de 24 mil asesorías en materia civil y familiar y más de 137 mil en materia penal; a seso se suma la defensa jurídica de 17 mil personas en el orden civil y familiar y de otras 60 mil en asuntos de carácter penal.
En el apartado de justicia laboral, el consejero jurídico del estado expresó que hasta el momento se han realizado más de mil asesorías legales entre las que destacan demandas por despido injustificado, así como la representación de 234 trabajadoras y trabajadores en juzgados laborales del Poder Judicial del Estado.
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En materia de vinculación, la Consejería Jurídica del Estado ha creado canales de comunicación con universidades públicas y privadas, colegios de juristas y diversas organizaciones civiles. A lo anterior se suma la realización de eventos de divulgación jurídica con expositores de alto nivel como el secretario de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces federales, magistrados locales, el presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California y un importante número de académicos de universidades de reconocido prestigio.
Otro punto relevante es que la Consejería ha apoyado en la elaboración de convenios que han representado importantes ingresos en materia de recurso federal, gran parte de ello destinado a las áreas de Educación, Salud, Bienestar, Seguridad Ciudadana, Medio Ambiente,
Se logró además marcar una diferencia con administraciones estatales anteriores por lograr prestaciones sociales para policías estatales y municipales concretando beneficios importantes para los responsables de salvaguardar la seguridad de las y los bajacalifornianos.
En materia de salud, Pon Méndez resaltó que se ha apoyado en la donación de predios para el desarrollo de instalaciones de salud, destacando el que se otorgó en donación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la construcción de una unidad en la ciudad de Ensenada.
Entre los decretos generados con más relevancia se encuentra el que da origen al taxi violeta, el que concreta la exención del 100 por ciento del pago de servicios para modificar género en actos de nacimiento, resguardo de testamento y la expedición de constancia de extravío y no robo vehicular. También se han generado decretos para beneficiar la educación, el deporte y la reinserción social y la economía de las familias que más lo necesitan a través de condonaciones en materia de pago del agua.
En materia de reglamentos, Pon Méndez hizo referencia a documentos de relevancia como el Reglamento del Registro Público de Agresores Sexuales de Baja California, el Reglamento del Consejo para el Cambio Climático del Estado de Baja California, el Reglamento Interno de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas, el Decreto que crea la Comisión Estatal de Salud Pública Veterinaria y el Reglamento del Consejo Ciudadano de Seguridad del Estado de Baja California.
Sobre la generación de proyectos legislativos, la Consejería ha emitido 123 opiniones jurídicas sobre propuestas legislativas, ha participado 83 sesiones de comisiones de dictamen legislativo y ha presentado 17 iniciativas de ley y reformas.
En materia de atención a procesos jurisdiccionales, Pon Méndez informó que se han contestado mil 500 demandas, cinco mil audiencias, ocho mil 109 promociones. Gracias a las sentencias favorables se ha conseguido el ahorro de 20 millones de pesos al erario público.
Finalmente, el consejero jurídico indicó que por hechos de corrupción de administraciones anteriores se han presentado dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y siete denuncias ante la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública (SHFP), Empleo y el Registro Civil del Estado.
