/ miércoles 20 de junio de 2018

EU detiene separación de familias por presión

Opina investigadora de El Colef

Alejandra García

Tijuana.- El decreto firmado la mañana del martes, por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para detener la separación de familias, fue una medida desesperada ante la presión social y política de los mismos representantes estadounidenses. Sin embargo, queda en el aire las medidas que implementará el gobierno norteamericano para resarcir el daño causado a las familias que fueron sometidas a la política de Cero Tolerancia, implementada desde principios de mayo de este año.

De acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional, cerca de dos mil niños inmigrantes han sido separados de sus familias en la frontera de Estados Unidos con México. Proceso que ha indignado a la comunidad en general e incomodó a los políticos de ambos partidos norteamericanos.

Pero las medidas implementadas resuelven parcialmente la problemática generada por la aplicación de una política improvisada y mal llevada a cabo, apuntó la coordinadora del Observatorio de Legislación y Política Migratoria de El Colef, Alejandra Castañeda.

“Por un lado tenemos que esta presión de la opinión pública lleva a Trump a echar marcha atrás a la separación familiar, pero con una orden ejecutiva que en realidad indica que se mantengan a las familias, que va a contravenir una orden de la corte que prohíbe que los niños estén detenidos”, explicó Castañeda.

La nueva medida, aseguró, deja muchos aspectos al criterio de los agentes de la patrulla fronteriza y no explica cómo se va a reunificar a las familias afectadas por la política implementada durante más de un mes. Además de que continuará la criminalización de los migrantes que llegan a suelo norteamericano, principalmente del sur del continente.

“Va a continuar la criminalización de los migrantes, porque ese decreto no cancela lo que debió anular desde un principio, que fue la Cero Tolerancia, y que ocasionó todo el desorden. No necesitaba un decreto presidencial, pero ahí hay un espíritu antimigrante que es muy fuerte en este gobierno y tiene esta posición de entender a todos los que vienen del sur como gente no deseable”, afirmó la coordinadora.

Aseguró que durante las próximas semanas habrá de analizarse detalladamente las acciones que continuarán a este decreto presidencial y las medidas para atender a las familias afectadas por las políticas antimigrantes.


Alejandra García

Tijuana.- El decreto firmado la mañana del martes, por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para detener la separación de familias, fue una medida desesperada ante la presión social y política de los mismos representantes estadounidenses. Sin embargo, queda en el aire las medidas que implementará el gobierno norteamericano para resarcir el daño causado a las familias que fueron sometidas a la política de Cero Tolerancia, implementada desde principios de mayo de este año.

De acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional, cerca de dos mil niños inmigrantes han sido separados de sus familias en la frontera de Estados Unidos con México. Proceso que ha indignado a la comunidad en general e incomodó a los políticos de ambos partidos norteamericanos.

Pero las medidas implementadas resuelven parcialmente la problemática generada por la aplicación de una política improvisada y mal llevada a cabo, apuntó la coordinadora del Observatorio de Legislación y Política Migratoria de El Colef, Alejandra Castañeda.

“Por un lado tenemos que esta presión de la opinión pública lleva a Trump a echar marcha atrás a la separación familiar, pero con una orden ejecutiva que en realidad indica que se mantengan a las familias, que va a contravenir una orden de la corte que prohíbe que los niños estén detenidos”, explicó Castañeda.

La nueva medida, aseguró, deja muchos aspectos al criterio de los agentes de la patrulla fronteriza y no explica cómo se va a reunificar a las familias afectadas por la política implementada durante más de un mes. Además de que continuará la criminalización de los migrantes que llegan a suelo norteamericano, principalmente del sur del continente.

“Va a continuar la criminalización de los migrantes, porque ese decreto no cancela lo que debió anular desde un principio, que fue la Cero Tolerancia, y que ocasionó todo el desorden. No necesitaba un decreto presidencial, pero ahí hay un espíritu antimigrante que es muy fuerte en este gobierno y tiene esta posición de entender a todos los que vienen del sur como gente no deseable”, afirmó la coordinadora.

Aseguró que durante las próximas semanas habrá de analizarse detalladamente las acciones que continuarán a este decreto presidencial y las medidas para atender a las familias afectadas por las políticas antimigrantes.


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