Tijuana.- Las denuncias penales y administrativas contra colaboradores del gobierno de Jaime Bonilla Valdez seguramente se incrementarán luego de que la Comisión de Fiscalización del Congreso local no aprobará la cuenta pública del ejercicio 2021, declaró Juan José Pon Méndez, director jurídico de Baja California.
Mencionó que fueron expuestas 76 observaciones, entre estas la entrega de obras con un monto de 510 millones de pesos mediante adjudicación directa, cuando debieron realizarse por medio de una licitación pública.
También 136 empleados de reciente ingreso habrían obtenido su base laboral de manera irregular, y hubo exceso de pagos por obras que además no fueron ejecutadas, añadió Pon Méndez.
Dijo que en el registro en la contabilidad tampoco encontraron el contrato plurianual entregado a la empresa Next Energy para la construcción de la fotovoltaica.
“Seguramente se estarán presentando nuevas denuncias de tipo penal, incluso de carácter administrativo ante el TEJA (Tribunal Estatal de Justicia Administrativa)”, apuntó el director jurídico durante la conferencia semanal de la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
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Allí a la gobernadora le cuestionaron si las investigaciones contra exfuncionarios de la administración pasada se les dio “carpetazo” y la mandataria estatal respondió que los procesos siguen su curso.
“Hay un proceso, tampoco se trata de una cacería de brujas, se está llevando a cabo una investigación y lo que determine la propia Secretaría de Honestidad”, comentó Ávila Olmeda.
El director jurídico Pon Méndez agregó que están en curso 10 investigaciones por presuntas irregularidades en el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California (Isesalud), además de la compra e instalación de lavamanos para los centros escolares, en la Secretaría de Educación.
