Tijuana.- Continúa la polémica e incertidumbre debido a la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que busca recabar los datos de alrededor 128 millones de usuarios de líneas telefónicas celulares.
Usuarios y especialistas en derecho, desconfían de dicha ley, pues incluso actualmente se han filtrado datos a compañías para realizar llamadas de contratación de servicios.
“En el 2008, se llevó a cabo una ley similar y la base de datos de muchos usuarios terminó en el mercado negro, en esta ocasión no será diferente”, afirmó Rodolfo Rodríguez (nombre ficticio), usuario de telefonía celular además empleado de una compañía telefónica.
“En puntos muy específicos, los datos que están solicitando pueden caer en manos erróneas incitando al secuestro y extorsión (…) incluso esto provocaría el aumento del robo de celulares, y si alguna de estas líneas es utilizada para cometer un delito se culparía al titular de la misma”, añadió.
“Considero que la falla es pensar que todas las líneas son de plazo forzoso (plan de renta con contrato) pero olvidan que existen celulares prepago que son fáciles de adquirir y poder desechar”, resaltó.
Todos sabemos que en México conseguir una tarjeta SIM es muy sencillo, incluso puede brindarse información falsa en su registro, esta es una de las preocupaciones de los entrevistados acerca de la nueva ley.
“Sin ser extorsionador, no creo que sean tan bobos para dar su información en teléfonos utilizados para extorsión, el daño pasaría a terceros”, agregó Rodolfo.
El abogado Juan Jesús Ortega, sostiene que esta ley violaría las garantías individuales y el derecho humano a la seguridad de los datos personales.
“La aplicación de esta ley violenta el principio de inocencia” destacó el especialista.
¿QUÉ DICE LA LEY?
Según la legislación aprobada por el Congreso de la Unión, vigente desde el 16 de abril, todos los propietarios de un Módulo de Identidad del Suscriptor (SIM, por sus siglas en inglés) deberán entregar a la compañía telefónica mucho más que sus datos personales.
Ahora habrá que entregar también los datos biométricos, diseñados para identificar a los usuarios con sus características biológicas y fisiológicas, como huellas dactilares, identificación de voz, escaneo de iris y reconocimiento facial.
En caso de que el usuario de la línea se niegue a proporcionar dicha información será acreedor a una multa de 89 mil 692 pesos.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se hará cargo de la base de datos, así como de crear, en 180 días a partir de la publicación de la ley, los lineamientos que requerirán para su operación. Posterior a ello los operadores tienen otros 180 días para recabar la información requerida.
El titular de ese organismo, Adolfo Cuevas, asegura que cumplirán con el resguardo adecuado de la información de los usuarios de líneas telefónicas.
“Lo que vamos a hacer para tranquilidad de la audiencia, de los usuarios de móvil, es que vamos a establecer un sistema informático sumamente robusto, sumamente seguro y por lo mismo costoso, y sólo a partir de que se encuentre en uso y de que esté plenamente probado es que exigiremos en términos de ley que se puedan recabar los datos, no antes, para que esos datos estén debidamente resguardados y no haya ningún problema de fuga de información, de hackeo, de mal uso”, dijo durante una entrevista difundida por el IFT.
Rodolfo Rodríguez con su experiencia trabajando en una compañía de telefonía celular, asegura que las empresas del ramo están obligadas por ley a proteger la información de sus clientes.
Sin embargo, el riesgo de ser multados no ha detenido el mal uso de los listados con los nombres y números telefónicos de miles de personas en manos de las compañías.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), hasta el pasado 29 de abril impusó 24 sanciones en contra de distintas empresas de telecomunicaciones por infringir la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Esas multas fueron por un total de 55 millones 574 mil 189 pesos.
El argumento para la creación de esta ley es acabar con las llamadas de extorsión y reducir el alto índice de secuestros en el país.
Esto ha sido cuestionado no sólo por usuarios y especialistas en derecho, sino también por el comisionado del IFT, quien asegura que el 90% de las llamadas de extorsión provienen de reclusorios.
“Lo que ahorita tenemos que hacer, es lo único que podemos hacer por otra parte, es acatar la ley como autoridad en tanto siga estando vigente, y ese es el punto entonces, lo haremos de una manera responsable”, insistió Adolfo Cuevas.
Por el momento la vigencia de esta ley ha generado diversas solicitudes de amparo, e incluso el INAI anunció que interpondrá una acción de inconstitucionalidad. La última palabra la tendrá la SCJN.
