Tijuana.- Residentes del tramo sobre el que será construido el viaducto elevado en la colonia Libertad y se oponían a desalojar, deberán entregar sus propiedades antes del miércoles 21 de marzo, de acuerdo con Rosa María Jiménez, habitante en esa zona.
Para la construcción del viaducto, Jiménez tuvo que vender a las autoridades federales su predio de mil 600 metros cuadrados, donde además de su vivienda y la de su familia, tiene 22 departamentos y siete estudios para renta.
“Yo quería lo justo, pero me parece que no lo es. Queremos llevar la fiesta en paz y quitarnos este estrés que tenemos. Es difícil, quiero descansar y recuperar mi vida tranquila”, expresó.
El 17 de octubre de 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la construcción del viaducto elevado que conectará el aeropuerto Internacional Abelardo L. Rodríguez con la garita de San Ysidro y la delegación Playas de Tijuana.
A inicios de febrero de 2023, Arturo Espinoza Jaramillo, secretario estatal de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), mencionó que la extensión del viaducto afectaría a 175 predios.
En noviembre de 2023 la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), afirmó que solo restaban ocho predios para negociar.
Este jueves El Sol de Tijuana buscó a SIDURT para precisar la cifra de viviendas en la misma condición de Rosa María Jiménez, pero no hubo respuesta.
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Desde el inicio, habitantes de las colonias Libertad, Cañón Emiliano Zapata y Playas de Tijuana, se opusieron a la construcción que está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Metimos un amparo, sirvió y no sirvió, porque de todos modos nos echaron. Nos dijeron que era cuestión del gobierno y tenían que hacer su trabajo. Entendimos que tenían razón y con el gobierno no se puede”, añadió Rosa María.
Francisco Sánchez, nieto de Rosa María Jiménez y administrador del negocio familiar, señaló que a mediados de febrero las autoridades federales les dieron como límite tres meses para entregar la propiedad, pero modificaron la fecha en dos ocasiones.
“Primero habíamos quedado que en tres meses, luego en un mes y ahora nos están quitando una semana”, afirmó el administrador.
Pese a los esfuerzos de algunos residentes para no perder su patrimonio, tras meses de litigios se vieron obligados a vender.
“Se hizo la pausa del proyecto dos veces, que duró como dos meses parado. Al principio se estaba peleando para que fuera cancelación definitiva, se amparó nuevamente para darnos más tiempo y nos pagaran lo justo, hasta ahí quedó”, detalló Francisco Sánchez.
Con el temor de que la propiedad de su abuela fuera expropiada, Francisco Sánchez decidió junto a Rosa María Jiménez negociar con el gobierno federal.
“El problema es que si no hacíamos el contrato sería otro proceso, mencionaron la expropiación, nos dijeron que se podía expropiar, cinco a 10 años para que la expropiación se realice”, dijo Francisco Sánchez.
Rosa María Jiménez, de 68 años de edad, llegó a la colonia Libertad en 1975 y en 1994 compró el terreno donde seis años después inició con la renta de departamentos, negocio que terminará el próximo miércoles 21 de marzo.
