A más de un año de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Baja California, la impartición de justicia sigue siendo el gran pendiente de los tres órdenes de gobierno.
La falta de capacitación y coordinación en materia de justicia con perspectiva de género entre las autoridades ha alimentado la impunidad en los delitos cometidos en contra de las mujeres aunque más de la mitad de esta población en el estado haya sido victimizada.
Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 del Inegi, 7 de cada 10 bajacalifornianas mayores de 15 ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, pero muchas no buscan ayuda ni denuncian porque ignoran cómo o dónde hacerlo, y otras no actúan por miedo y amenazas.
Marlene Solís Pérez, responsable de la Unidad de Género en el Colegio de la Frontera Norte (Colef), afirmó que la impartición de justicia es la deuda a las mujeres que tiene “áreas de oportunidad más importantes”.
Por un lado, hace falta fortalecer las órdenes de protección, desde cómo se generan y se gestionan hasta cómo se sostienen porque son una medida que podría prevenir femicidios.
“No han estado funcionando de la mejor manera”, djo la también investigadora.
Además, continuó, es necesario reforzar los criterios de género para aplicar a las mujeres que por alguna razón deben enfrentarse a un tribunal.
En general, apuntó, las acciones gubernamentales han sido desiguales, y aunque la AVGM contempla recomendaciones para todas las dependencias, hay acciones que deben ser implementadas de manera inmediata: las de justicia y seguridad.
LAS ESTADÍSTICAS
En Baja California los delitos contra las mujeres, y particularmente el asesinato, no han disminuido. Hasta octubre de este año la Fiscalía General Estatal (FGE), abrió 21 carpetas de investigación por feminicidio, la misma cantidad de todo el 2021.
Siete de los femicidios de este año ocurrieron en Ensenada; 6 en Tijuana; 3 en Mexicali y 2 en Rosarito; mientras que Tecate, San Quintín y San Felipe, registraron 1 por municipio, según la incidencia delictiva de la Secretaría de Seguridad de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC).
Las cifras oficiales dicen que lo que va del año se han abierto a nivel estatal 11 mil 466 carpetas de investigación por violencia familiar, cuando en todo el año pasado fueron 12 mil 451, y en ambos años el promedio mensual ha sido de mil casos.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), este año también se han presentado en el estado mil 432 denuncias por abuso sexual; 418 por hostigamiento; 559 por violación simple y 315 por violación equiparada.
Con esos datos este 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, y para Caren Castro, asesora jurídica de la Red Feminista Tecate, el servicio público de los tres niveles de gobierno debe ser “sensibilizado” sobre la problemática más allá de la fecha.
“El 25N no solamente es un día, muchas veces solamente en estos 16 días de activismo es cuando se pone en la agenda de políticas públicas urgentes la violencia hacia las mujeres, cuando no debe de ser así, las mujeres desgraciadamente estamos violentadas los 365 días del año”, subrayó.
La muestra no solo es el número de denuncias, si no también el hecho de que en junio, cuando la Alerta de Género en el estado cumplió 1 año, “miramos que no llevamos ni avanzado el 50% de estas acciones emergentes”, señaló Castro.
Consideró que para avanzar hace falta que los tres órdenes de gobierno trabajen en conjunto. Por ejemplo, que la FGE se coordiné con la SSCBC que está a cargo de las unidades violeta y así garantizar la integridad de las víctimas de violencia
Sin olvidar que las agresiones contra las mujeres deben ser atacadas y eliminadas desde su origen para evitar que escalen al feminicidio.
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FEMINICIDIOS Y JUSTICIA
Marlene Solís, la investigadora del Colef, señaló que los protocolos para investigar los feminicidios, no son aplicados de manera uniforme ni sistemática y con vigor.
Aún así, la académica dijo que ya hay una avance porque antes las muertes violentas de mujeres “ni siquiera” se tipificaban como feminicidio.
Caren Castro añadió que el Poder Judicial debería contar con lineamientos para que la ciudadanía pueda exigir juicios con perspectiva de género.
“Se supone que son las personas que nos van a ayudar, a cuidar y a apoyar, a garantizarnos el acceso a justicia. (Pero) tenemos normalizado el hecho que simplemente no se pueda llegar a justicia dependiendo del humor, o si la persona tiene perspectiva de género o no”, apuntó.
Un ejemplo reciente del aparato de justica es la sentencia de 45 años de prisión para Alina Narciso Tehuaxtle, ex policía municipal de Tijuana acusada de asesinar a su pareja sentimental, que también era policía.
Su caso no fue tratado con perspectiva de género porque originalmente la FGE solicitó la pena máxima de 60 años por el delito de homicidio calificado aunque Alina era víctima de violencia doméstica.
La investigadora Solís Pérez también pertenece al grupo interinstitucional y multidisciplinario de seguimiento a la AVGM en el estado, conformado por funcionarias y académicas estatales y federales.
El grupo tiene comunicación con el Poder Ejecutivo, pero con el Poder Judicial, eso no existe.
“Es bastante más difícil y eso complica un poco las cosas. Habla también de qué tanto el Poder Judicial asume la declaratoria como propia, qué tanto está dando seguimiento a las recomendación; hay un vacío”, comentó.
LA DECLARATORIA
La Alerta de Género en el estado fue promovida principalmente por la “situación grave de feminicidios”.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), la solicitó por segunda vez en febrero del 2020. Ese año hubo 31 carpetas por feminicidio, según datos del SESNSP, y la declaratoria llegó hasta el 25 de junio del 2021.
Caren Castro recordó que la alerta permanente, sino que concluye una vez que las autoridades cumplan las recomendaciones emitidas.
Desde 2015 ha habido 25 declaratorias en 22 estados del país y la Secretaría de Gobernación (Segob), ha evaluado 18 de las alertas.
Los resultados arrojan que 9% de las medidas recomendadas han sido cumplidas a cabalidad; 5% no han sido cumplidas, y 86% se encuentran en proceso de cumplimiento o parcialmente cumplidas.
La AVGM se solicitó por primera vez para Baja California en 2015, pero el gobierno federal la desechó cuando el entonces gobernador Francisco Vega de la Madrid, aceptó atender las recomendaciones previas.
Eso implicó la construcción del Centro de Justicia para la Mujer en Tijuana que fue inaugurado en 2019, pero comenzó a funcionar apenas en la actual administración estatal.
En junio de este año el secretario General de Gobierno, Catalino Zavala, dijo que el estado ha tomado acciones en 35 de las 39 medidas de prevención planteadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Pero Solis Pérez consideró que “se ve muy fragmentada la manera como se está tratando de solucionar el problema, entonces se ven unos avances importantes, pero (hay) otras en las que no se ha podido hacer gran cosa”.
Otro grave problema que sigue esperando respuesta contundente es la desaparición de mujeres en el estado porque aún hay recursos suficientes para atenderlos con rapidez.
“No podemos saber cuántas de esas desapariciones son realmente feminicidios, pero es un un tema que está muy vinculado con el contexto de violencia que hay en Baja California y hace que los femicidios sean más complejos”, dijo la investigadora de Colef.
Porque en cada municipio esas muertes ocurren en contextos diferentes, como el caso de San Quintín donde suceden en el ámbito privado y mayormente perpetrados por la pareja sentimental de la víctima.
Mientras que en Tijuana, donde son perpetrados en la vía pública, “la violencia es más de tipo comunitaria”, mencionó la responsable de la Unidad de Género en el Colef.
También influyen la migración y la presencia del crimen organizado y falta concretar los derechos sexuales y reproductivos con la incorporación de partos humanizados, la erradicación de la violencia obstétrica, añadió.
LO QUE SÍ SE HA HECHO
Una de las acciones del estado ha sido la implementación del Escuadrón Violeta a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC).
Tiene el objetivo de “coadyuvar a disminuir la violencia familiar, de género y de pareja, así como fomentar el fortalecimiento institucional y la correcta aplicación en la atención de víctimas de estos flagelos”, según un comunicado de prensa.
Fue creado en marzo de este año, en el marco del Día internacional de la mujer, y cuenta con 11 unidades y 29 agentes distribuidos entre Mexicali, Ensenada y San Quintín, según la SSCBC.
En Tijuana, el Ayuntamiento presentó, también en marzo, la Unidad con Perspectiva de Género de la Policía Municipal conformada por 31 policías “ampliamente” capacitados, según un comunicado del gobierno local.
“En total son 20 mujeres y 11 hombres quienes estuvieron en capacitación teórico-práctica durante 450 horas, distribuidas en 10 semanas”, informó el Ayuntamiento.
También implementó desde febrero la aplicación digital del “botón morado”, una alternativa al número de emergencias 911 que puede ser descargada por cualquier personal al teléfono celular.
Caren Castro sostiene que estas medidas siguen siendo insuficientes porque en muchas ocasiones las mujeres prefieren pedir ayuda a las diversas colectivas feministas del estado, antes que acudir a las autoridades.
Por esto es necesario que las autoridades den mayor difusión a sus acciones para que las mujeres conozcan los programas de atención a víctimas de violencia, como el Escuadrón Violeta y la entrega de la Tarjeta Violeta.
“La expectativa más importante que tenemos es que el gobierno logre tener esas políticas públicas transversales y que realmente impacten a las distintas poblaciones de mujeres”, finalizó Solís Perez.
