Tijuana.- Mónica Vega Aguirre, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del estado, responsabilizó a autoridades estadounidenses por el estado de emergencia declarado en San Diego a raíz de la contaminación en playas californianas.
“El tema de la declaratoria de emergencia por parte de la autoridad estadounidense le corresponde porque hay recursos que se han acordado que bajen para la rehabilitación de la planta tratadora binacional que se encuentra del otro lado de la frontera”, dijo.
Mencionó que los gobiernos estadounidense y mexicano han trabajado desde hace varios años en obtener recursos para la rehabilitación de las plantas tratadoras de agua.
Vega Aguirre señaló que la contaminación derivada de las fallas en las plantas de tratamiento es un tema “histórico”, para el cual están trabajando con dependencias de los tres órdenes de gobierno.
“Es un tema que se está trabajando en el más alto nivel a través de las distintas secretarías involucradas en el tema”, dijo Vega Aguirre.
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Este martes, la Junta de Supervisores del condado de San Diego declaró estado de emergencia local y solicitó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que declare una emergencia federal por la contaminación en las playas del sur de California.
Según el programa de Calidad de Agua de San Diego, las playas de Imperial Beach llevan cerradas desde el 28 de diciembre de 2022, porque los niveles de bacterias superan los estándares de salud. Actualmente, ocho playas están cerradas.
La Junta de Supervisores subrayó que los cierres se deben a las aguas residuales sin tratar que son arrastradas por el Río Tijuana.
Vega Aguirre indicó que la dependencia a su cargo se reunió hace unas semanas con Paloma Aguirre, alcaldesa de Imperial Beach, y hablaron acerca de los proyectos de obras hidráulicas y saneamiento en la Zona Costa del estado.
Apuntó que en esta reunión se le tomó una “doble” importancia a la planta de tratamiento de Punta Bandera.
La funcionaria estatal mencionó que a la Secretaría de Hacienda del estado le compete gestionar el recurso económico para iniciar las obras de saneamiento, presupuesto que proviene del Bono Verde, préstamo recientemente adquirido por el estado.
Mientras que la organización y ejecución de las obras dependerá de los organismos municipales del agua.
