Tijuana.- La actualización en el costo inferior de los servicios jurídicos que ofrecen los abogados, que pretende modificar el Congreso de Baja California, ayudará a una mejor negociación en el precio entre el cliente y el abogado, dijo Dasaev Sosa Arellano, coordinador del doctorado de fiscalización de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
Mencionó que en la actualidad los costos contemplados en la Ley de Aranceles del Estado de Baja California están desactualizados, motivo por el cual debe actualizarse de acuerdo a los índices inflacionarios, precios del mercado, precios al consumidor, entre otros factores.
Sosa Arellano subrayó que la ley pretende establecer costos inferiores, mas no límites, pero serviría como referencia tanto a las personas como a los abogados “un punto de partida” para una negociación de los costos de los servicios.
“No quiere decir que no se pueda cobrar más, pero si los limita inferiormente, la ley no le va a exigir que cobren esa cantidad en específico o en particular, como si un abogado de muchos renombre o prestigio va a cobrar más", explicó.
Estos servicios jurídicos pueden ser actos procesales, asesorías jurídicas, notificaciones, o cualquier actividad por parte de los abogados, indicó.
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El académico de la Facultad de Derecho dijo que la modificación de los costos de los servicios jurídicos es necesaria porque están basados en una ley constituida en 1974, aunque su última reforma fue hace seis años en el 2018 y no todos los precios son representativos a la realidad.
Como ejemplo expuso el artículo 5, que establece que los abogados por la lectura de documentos, papeles o expedientes de cualquier clase, siempre que no pasen de veinticinco fojas, cobrarán 250 pesos.
“Si me traen un contrato aunque sea de unas hojas, me va a llevar horas, ya no es representativo”, señaló Sosa Arellano.
Agregó que también el costo de límite inferior que se está proponiendo, servirá a los nuevos abogados para tener un punto de partida para saber cuánto cobrar, ya que en las escuelas no se enseña el costo por los servicios jurídicos brindados.
