Daniel Ángel Rubio
Tijuana.- La inclusión laboral de personas con discapacidad no se está cumpliendo a pesar de que existe una obligación legal desde 2011, de acuerdo con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Melba Olvera Rodríguez.
Esto se debe a que existen todavía muchos pendientes más que deben cumplirse, como el acceso a la educación, un transporte público adecuado, la capacitación laboral, y la movilidad en las calles.
“Sabemos que no vivimos en ciudades accesibles que permitan que una persona con discapacidad se traslade igual, que una persona sin discapacidad, de un punto a otro”, mencionó la titular del órgano garante.
De acuerdo con la Ley General para la Inclusión de las personas con discapacidad, publicada durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, la responsable de promover ese derecho al trabajo es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS).
También establece que debe “diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas públicas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad atendiendo a su clasificación, en el sector público o privado”.
Además del derecho al trabajo, la ley general ordena el acceso a la salud y la asistencia social, a la educación, la vivienda, al transporte público, al deporte, la cultura, el turismo y más.
Melba Olvera aseguró que la comisión ya ha emitido recomendaciones sobre accesibilidad y transporte a los gobiernos municipales para resolver las deficiencias que no permiten moverse libremente a las personas con discapacidad.
“Para las modificaciones estructurales de comunicación y de información, porque la accesibilidad es más allá de las rampas”, señaló la presidenta de la CEDH en Baja California.
