/ sábado 18 de marzo de 2023

Proponen agravar delito de cobro de piso con hasta 18 años de cárcel

La iniciativa fue remitida a la Comisión de Justicia, que preside el diputado local por Morena, Moctezuma Martínez López, para su dictaminación

Debido a que cada vez más el delito de cobro de piso cobra relevancia en Baja California, la diputada local Santa Alejandrina Corral Quintero propuso tipificar y agravar las penas a esta conducta, con hasta 18 años de cárcel.

En la pasada sesión plenaria realizada en modalidad híbrida, la diputada por Acción Nacional presentó una iniciativa de adición de una Fracción VIII del Artículo 224 Bis del Código Penal del Estado, para quedar como sigue.

“VIII. - Cuando las víctimas de delito sean propietarios, empresarios o socios de comercios o empresas a quienes se les exija por cualquier medio u obtengan de ellos cantidades periódicas de dinero, bienes, o bien los obliguen a dar, otorgar, hacer o dejar de hacer algo en perjuicio de su patrimonio a cambio de protección para garantizar su integridad física o de su familia y de los mismos establecimientos, a no causar daño a los anteriores”.

La iniciativa fue remitida a la Comisión de Justicia, que preside el diputado local por Morena, Moctezuma Martínez López, para su dictaminación.

En su exposición de motivos, la inicialista explicó que actualmente el delito de extorsión se encuentra tipificado en el artículo 224 del Código Penal para el Estado de Baja California, de la siguiente manera, "Al que para obtener un lucro obligue a otro, a realizar u omitir un acto en periuicio de su patrimonio o el de un tercero, se le impondrá prisión de siete a doce años y hasta cuatrocientos días".

Mientras que el Artículo 224 Bis se refiere a los casos de agravación de la pena. “La pena señalada en el artículo que antecede se agravará hasta en una mitad más y hasta quinientos días de multa, cuando se actualice alguna o algunas de las siguientes circunstancias:”.

Corral Quintero expuso que en años recientes, quien comete este delito de extorsión, ya sea el crimen organizado o personas en lo individual, han encontrado nuevos nichos de actuación para amenazar a la población a entregar fuertes sumas de dinero en concepto de secuestros virtuales o reales, por “brindar protección”.

Lo anterior, para que no les suceda nada de lo que ellos amenazan de hacer contra las víctimas, es decir, los criminales actúan en domicilios particulares y en lugares de trabajo de la gente para exigirles, principalmente, dinero a cambio de no sufrir "levantones", agresiones físicas.

O incluso salvarse de ser asesinados convirtiendo a las ciudades y poblaciones en cotos de impunidad, obteniendo poder extralegal sobre territorios para lograr un beneficio económico a costa del sacrificio de las familias.

Una de estas formas de extorsión que se ha popularizado y extendido a lo largo y ancho de Baja California y del país es el conocido como el cobro o derecho de piso, dijo.

“Es como ya mencioné, el exigir cantidades de dinero de manera periódica (semanal, quincenal o mensual) a comerciantes, empresarios o a cualquier persona, a cambio de no causarles ningún daño físico o material.

“Por lo que ante el incremento de este tipo de extorsión y sus diversas variantes es necesario establecer y definir claramente que implica este ilícito para que las autoridades cuenten con los elementos necesarios para combatir esta clase de delincuentes”.

Debido a que cada vez más el delito de cobro de piso cobra relevancia en Baja California, la diputada local Santa Alejandrina Corral Quintero propuso tipificar y agravar las penas a esta conducta, con hasta 18 años de cárcel.

En la pasada sesión plenaria realizada en modalidad híbrida, la diputada por Acción Nacional presentó una iniciativa de adición de una Fracción VIII del Artículo 224 Bis del Código Penal del Estado, para quedar como sigue.

“VIII. - Cuando las víctimas de delito sean propietarios, empresarios o socios de comercios o empresas a quienes se les exija por cualquier medio u obtengan de ellos cantidades periódicas de dinero, bienes, o bien los obliguen a dar, otorgar, hacer o dejar de hacer algo en perjuicio de su patrimonio a cambio de protección para garantizar su integridad física o de su familia y de los mismos establecimientos, a no causar daño a los anteriores”.

La iniciativa fue remitida a la Comisión de Justicia, que preside el diputado local por Morena, Moctezuma Martínez López, para su dictaminación.

En su exposición de motivos, la inicialista explicó que actualmente el delito de extorsión se encuentra tipificado en el artículo 224 del Código Penal para el Estado de Baja California, de la siguiente manera, "Al que para obtener un lucro obligue a otro, a realizar u omitir un acto en periuicio de su patrimonio o el de un tercero, se le impondrá prisión de siete a doce años y hasta cuatrocientos días".

Mientras que el Artículo 224 Bis se refiere a los casos de agravación de la pena. “La pena señalada en el artículo que antecede se agravará hasta en una mitad más y hasta quinientos días de multa, cuando se actualice alguna o algunas de las siguientes circunstancias:”.

Corral Quintero expuso que en años recientes, quien comete este delito de extorsión, ya sea el crimen organizado o personas en lo individual, han encontrado nuevos nichos de actuación para amenazar a la población a entregar fuertes sumas de dinero en concepto de secuestros virtuales o reales, por “brindar protección”.

Lo anterior, para que no les suceda nada de lo que ellos amenazan de hacer contra las víctimas, es decir, los criminales actúan en domicilios particulares y en lugares de trabajo de la gente para exigirles, principalmente, dinero a cambio de no sufrir "levantones", agresiones físicas.

O incluso salvarse de ser asesinados convirtiendo a las ciudades y poblaciones en cotos de impunidad, obteniendo poder extralegal sobre territorios para lograr un beneficio económico a costa del sacrificio de las familias.

Una de estas formas de extorsión que se ha popularizado y extendido a lo largo y ancho de Baja California y del país es el conocido como el cobro o derecho de piso, dijo.

“Es como ya mencioné, el exigir cantidades de dinero de manera periódica (semanal, quincenal o mensual) a comerciantes, empresarios o a cualquier persona, a cambio de no causarles ningún daño físico o material.

“Por lo que ante el incremento de este tipo de extorsión y sus diversas variantes es necesario establecer y definir claramente que implica este ilícito para que las autoridades cuenten con los elementos necesarios para combatir esta clase de delincuentes”.

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