Daniel Ángel Rubio
La llegada de centroamericanos a esta ciudad dividió opiniones, y la alerta de crisis estuvo encendida mientras muchas familias más avanzaban desde el sur del país con la mira en la frontera norte.
El nuevo gobierno mexicano ofreció abrir las puertas para todos ofreciendo visas de trabajo y otras facilidades, pero después llegaron las detenciones.
José María Ramos García, profesor e investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), platicó por qué cambió esa política.
¿Qué sabemos de las caravanas de migrantes que venían a la frontera?
Pues finalmente no llegaron. Un dato: de los centroamericanos que llegaron a esta frontera, Estados Unidos solo ha recibido unos mil 400. Si se suponía que venían miles, la pregunta es ¿dónde están? Mi análisis es que son tantos los costos, los cansancios que significan llegar a la frontera, que cerca de un 30% tratan de obtener recursos para contratar a un traficante de personas para que los lleve a Estados Unidos. Porque no se van a esperar dos, tres, cuatro o cinco meses en las ciudades fronterizas mexicanas. No tienen dinero, hay polarización, etcétera.
¿Y el resto?
Diría que un 5%, 10% se están quedando en las ciudades fronterizas y allí son opciones de empleo, viven en los albergues con toda esa situación de crisis. Finalmente está un porcentaje relativamente importante, de 15% a 20%, que decide: me voy a regresar a mi lugar de origen. En resumen, son las últimas tendencias tanto de la migración que pretende llegar a los Estados Unidos como de los migrantes que han sido expulsados de Estados Unidos.
Al sur de México ha habido detenciones, ¿no cambia esto el discurso original del gobierno federal?
De alguna manera sí. Se han publicado las listas de detenciones en comparación del trimestre pasado, y en esta administración aumentaron un 15% a 20%. La administración se dio cuenta de la complejidad que reviste un planteamiento de que todo mundo venga a México. Porque si no tienen un control de esos flujos, se pueden generar las situaciones que se han generado. Y los acuerdos internacionales sobre migración que México ha suscrito nos están indicando el reconocimiento a esos flujos, el derecho a emigrar, pero que se haga de una manera regular, ordenada y sobre todo segura.
¿Qué hacer?
El desafío en política pública es cómo concilias los derechos humanos, la protección a migrantes, con la responsabilidad del Estado para brindar protección y que en esos flujos no vengan presuntos delincuentes, personas vinculadas con las pandillas. Esa es, creo, la complejidad que tiene una política de puertas abiertas. Sobre todo cuando no hay recursos para atender los albergues, opciones de empleo. Además su objetivo no es quedarse, sino ir a Estados Unidos.
