Tijuana.-Los colectivos de búsqueda sí fueron consultados para la creación de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Baja California, además serán destinados más de 35 millones de pesos para la operación de la Comisión de Búsqueda, de acuerdo con el gobierno del estado.
Juan José Pon Méndez, consejero jurídico, especificó que la administración aportará más de 10 millones 200 mil pesos al fondo de operación, mientras que el recurso proveniente de la federación será superior a los 25 millones de pesos.
Este martes, el presidente de Unidos por los Desaparecidos de Baja California, Fernando Ocegueda Flores, indicó que analizan vías para impugnar la recién aprobada Ley en Materia de Desaparición Forzada del Estado.
Declaró que la legislación no contempló las recomendaciones hechas por los asociaciones, una de ellas realizar ajustes en la asignación de presupuesto para la Comisión de Búsqueda.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda dijo que antes de ser aprobada la Ley en materia de personas desaparecidas, sí fueron tomados en cuenta los colectivos de búsqueda.
“Hubo durante muchos meses mesas de trabajo en relación a las opiniones de los mismos (colectivos) y entiendo que el tema radica en particular en un tema presupuestal”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa semanal.
Pon Méndez mencionó que además de los planteamientos de los colectivos también consideraron los de organismos internacionales como Cruz Roja.
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Entre las propuestas analizadas está la designación del comisionado de Búsqueda, puesto que será seleccionado entre los poderes ejecutivo y legislativo, considerando previamente a los colectivos.
Además, fueron establecidas las bases para contar con un registro estatal de personas fallecidas y no identificadas, así como otro de fosas.
También contempla proveer recursos al programa estatal de búsqueda y brindar apoyo social a familiares de personas desaparecidas.
Hasta este miércoles la Ley en Materia de Desaparición Forzada no había sido publicada en el Periódico Oficial de Baja California para ser sujeta a impugnación.
