/ sábado 27 de marzo de 2021

Sería ilegal expropiar campestre: abogados

La intención del gobernador no cuenta con sustento legal, de acuerdo con Rafael Mauricio Cruz Manjarrez

Tijuana.- Abogados afiliados a colegios coinciden en que la expropiación del Club Campestre anunciado por el gobernador Jaime Bonilla Valdez no cuenta con un sustento legal, como es tener un requisito indispensable de utilidad pública y que se niega a indemnizar a los propietarios del inmueble, así lo señaló el abogado Rafael Mauricio Cruz Manjarrez, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados en Baja California.

“No es procedente ninguna expropiación en virtud de la declaratoria de causa de utilidad pública. Es muy celosa la norma para que se pueda impulsar esta cuestión de la expropiación porque se debe de justificar, pero no de forma arbitraria”.

Cruz Manjarrez detalló que el gobernador argumenta que no existen áreas verdes, sin embargo, en la demarcación que está ubicado el Club Campestre de la delegación Zona Centro y La Mesa son las delegaciones que cuentan con más espacios públicos.

“La delegación Zona Centro tiene 22 parques habilitados y funcionando, por lo tanto, no sería proporcional el expropiar y declararlo de utilidad pública como para parques”.

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El abogado declaró que los mensajes que envía el gobierno estatal con estas acciones legales son erróneos porque da poca confianza e incertidumbre para la inversión de utilizar las leyes a su conveniencia, sin una garantía de que se respete el Estado de Derecho y la propiedad privada.

Ante los actos de la expropiación anunciados por el gobernador Jaime Bonilla, Club Campestre inició su defensa jurídica y por su parte el abogado Ignacio Fausto Ochoa Alldredge, quien es socio del club y se considera uno de los afectados, inició una defensa jurídica por considerarse que la expropiación es ilegal, pues no existe una justificación de uso público del predio y sin indemnización a los afectadas.

“El gobernador ha reiterado en diversas ocasiones su intención de expropiar el Club Campestre Tijuana, incluso recientemente manifestó que supuestamente el club no tiene dueños y como no había dueños va a expropiar y no procederá a la indemnización conforme corresponde. Entonces el Club Campestre inició su defensa jurídica como persona moral, pero también sentimos que los socios, yo soy uno de los asociados del Club Campestre, pues tenemos derecho a poder defender lo que es nuestro patrimonio y la afectación que esta expropiación sin indemnización nos va a causar”.

La intención del gobierno no concuerda con la Ley de Expropiación. Foto: Ramón Hurtado | El Sol de Tijuana

Ochoa Alldredge ingresó el pasado 19 de marzo el juicio de amparo 180/2021-III en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California en contra de actos reclamados al gobernador constitucional del estado de Baja California y otras autoridades, por considerar que se vulnera en su perjuicio el derecho fundamental contenido en el artículo 14 de la Constitución Federal.

“Por eso fue que presenté una demanda de amparo a título personal, reclamando la posible expropiación, reclamando la falta de pago de indemnización que viene por parte del gobierno del estado. La demanda de amparo fue admitida por un juez de distrito, va a tardar muchos meses en resolverse, de hecho, el juez de distrito es probable que resuelva el día de hoy (viernes), si se suspende o no esta suspensión que estamos solicitando”.

En el amparo solicitan una suspensión para evitar que el gobierno estatal tome posesión del inmueble, esperan una resolución para la tarde del 26 de marzo y que hasta el cierre de edición del periódico no había sido resuelto.

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“El proceso de expropiación lleva su curso, que puede tardar varias semanas, lo que se busca es que con esa suspensión el gobierno no vaya a querer tomar posesión de las instalaciones. El Club Campestre ya tiene una suspensión porque también promovió su amparo como persona moral”.

El abogado consideró que no solo está afectado al Club Campestre sino también el derecho a la propiedad privada de los bajacalifornianos.

“El gobierno del estado pretende afectar el derecho a la propiedad privada, además, ha manifestado públicamente que no pagará el valor de los bienes, contrariando con ello directamente lo que establece la Ley de Expropiación”, declaró Ignacio Ochoa Alldredge.

Tijuana.- Abogados afiliados a colegios coinciden en que la expropiación del Club Campestre anunciado por el gobernador Jaime Bonilla Valdez no cuenta con un sustento legal, como es tener un requisito indispensable de utilidad pública y que se niega a indemnizar a los propietarios del inmueble, así lo señaló el abogado Rafael Mauricio Cruz Manjarrez, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados en Baja California.

“No es procedente ninguna expropiación en virtud de la declaratoria de causa de utilidad pública. Es muy celosa la norma para que se pueda impulsar esta cuestión de la expropiación porque se debe de justificar, pero no de forma arbitraria”.

Cruz Manjarrez detalló que el gobernador argumenta que no existen áreas verdes, sin embargo, en la demarcación que está ubicado el Club Campestre de la delegación Zona Centro y La Mesa son las delegaciones que cuentan con más espacios públicos.

“La delegación Zona Centro tiene 22 parques habilitados y funcionando, por lo tanto, no sería proporcional el expropiar y declararlo de utilidad pública como para parques”.

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El abogado declaró que los mensajes que envía el gobierno estatal con estas acciones legales son erróneos porque da poca confianza e incertidumbre para la inversión de utilizar las leyes a su conveniencia, sin una garantía de que se respete el Estado de Derecho y la propiedad privada.

Ante los actos de la expropiación anunciados por el gobernador Jaime Bonilla, Club Campestre inició su defensa jurídica y por su parte el abogado Ignacio Fausto Ochoa Alldredge, quien es socio del club y se considera uno de los afectados, inició una defensa jurídica por considerarse que la expropiación es ilegal, pues no existe una justificación de uso público del predio y sin indemnización a los afectadas.

“El gobernador ha reiterado en diversas ocasiones su intención de expropiar el Club Campestre Tijuana, incluso recientemente manifestó que supuestamente el club no tiene dueños y como no había dueños va a expropiar y no procederá a la indemnización conforme corresponde. Entonces el Club Campestre inició su defensa jurídica como persona moral, pero también sentimos que los socios, yo soy uno de los asociados del Club Campestre, pues tenemos derecho a poder defender lo que es nuestro patrimonio y la afectación que esta expropiación sin indemnización nos va a causar”.

La intención del gobierno no concuerda con la Ley de Expropiación. Foto: Ramón Hurtado | El Sol de Tijuana

Ochoa Alldredge ingresó el pasado 19 de marzo el juicio de amparo 180/2021-III en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California en contra de actos reclamados al gobernador constitucional del estado de Baja California y otras autoridades, por considerar que se vulnera en su perjuicio el derecho fundamental contenido en el artículo 14 de la Constitución Federal.

“Por eso fue que presenté una demanda de amparo a título personal, reclamando la posible expropiación, reclamando la falta de pago de indemnización que viene por parte del gobierno del estado. La demanda de amparo fue admitida por un juez de distrito, va a tardar muchos meses en resolverse, de hecho, el juez de distrito es probable que resuelva el día de hoy (viernes), si se suspende o no esta suspensión que estamos solicitando”.

En el amparo solicitan una suspensión para evitar que el gobierno estatal tome posesión del inmueble, esperan una resolución para la tarde del 26 de marzo y que hasta el cierre de edición del periódico no había sido resuelto.

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“El proceso de expropiación lleva su curso, que puede tardar varias semanas, lo que se busca es que con esa suspensión el gobierno no vaya a querer tomar posesión de las instalaciones. El Club Campestre ya tiene una suspensión porque también promovió su amparo como persona moral”.

El abogado consideró que no solo está afectado al Club Campestre sino también el derecho a la propiedad privada de los bajacalifornianos.

“El gobierno del estado pretende afectar el derecho a la propiedad privada, además, ha manifestado públicamente que no pagará el valor de los bienes, contrariando con ello directamente lo que establece la Ley de Expropiación”, declaró Ignacio Ochoa Alldredge.

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