Tijuana.- De acuerdo con el diputado federal, Héctor Cruz Aparicio, no hubo voluntad por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), para continuar con las investigaciones de dos ex funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla Valdez acusados de aceptar sobornos.
"Creo que la salida más sencilla para ellos -la FGE- fue darle carpetazo o en términos jurídicos archivar el expediente por falta de elementos por procesar. Ese argumento de falta de pruebas la verdad hasta da risa, creo que definitivamente la voluntad o la complacencia de la fiscalía fue lo que evitó que pudieran llevar ante un juez una imputación de estas personas", expresó el legislador.
Señaló que los mensajes de texto y audios que se dieron a conocer de la ex secretaria del Bienestar, Cynthia Gissel N, en donde se revela una negociación entre proveedores y la Oficialía Mayor de Baja California para otorgar un contrato mediante un "moche", pueden convertirse en prueba ya que se puede hacer un dictamen de autenticación de la matriz de dónde provienen estos audios.
"Ese dictamen lo tiene que solicitar la fiscalía y una vez autenticados incorporarlos a la carpeta de investigación. Aunque que una de las señaladas dentro de la investigación aludía que solamente existían recortes de periódico y lo que la prensa decía. Cierto pero se debió hacer una investigación. Eso quiere decir que la fiscalía nunca investigó debidamente y no tuvo la voluntad de integrar debidamente la carpeta de investigación para poderle imputar los delitos a estas personas", declaró Cruz Aparicio.
Lamentó que la FGE, el Sistema Anticorrupción de Baja California y la nueva Secretaría de la Honestidad no hayan podido lograr una carpeta de investigación. "Es el primer presunto acto de corrupción de este gobierno del estado y creo que con esta determinación de la fiscalía se abre la puerta para que aquellos que hacen su modo de vida la corrupción vean que hay complacencia de la propia fiscalía para poder actuar impunemente".
