Tijuana.- En un par de años, cuando se elija presidente de México para el periodo 2024-2030, personas privadas de su libertad en Baja California podrían ejercer su voto desde prisión por primera vez en nuestra historia.
Las autoridades electorales en el estado ya se preparan para este suceso que marcará un cambio en la democracia en México, aunque por ahora desconocen a ciencia cierta cuál sería la logística para esta medida que tuvo un programa piloto en la elección federal de 2021 y se repitió este año únicamente para la elección de gobernador en Hidalgo.
En Baja California, de acuerdo con los datos del Sistema Penitenciario Estatal, hay 13 mil 110 personas privadas de la libertad, de las cuales seis mil 577 están bajo proceso y seis mil 553 han recibido sentencia.
El catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), así como experto en derecho electoral, Carlos Barboza Castillo, consideró relevante este cambio en la democracia mexicana que llegó a partir de una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal.
El académico enfatizó la necesidad de distinguir entre personas en prisión preventiva enfrentando un proceso en su contra, y aquellas ya sentenciadas, ya que esto representa la diferencia entre conservar sus derechos como ciudadanos y perderlos por recibir una sentencia condenatoria.
“Se tenía la convicción de que las personas en reclusión habían perdido su calidad de ciudadanía. Se ha discutido de cara a los tratados internacionales donde México ha firmado que el derecho al voto, al ser un derecho humano, debe ser garantizado en distintas circunstancias. En cuanto no haya una sentencia firme que te condene por la comisión de un delito, permanece el principio de presunción de inocencia. Y sí eres una persona que se presume inocente, pero estás en prisión preventiva, ¿por qué se te quita el derecho a votar?”, expresó.
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Barboza Castillo detalló que al atender el reclamo de dos personas de origen indígena que llevaban más de 10 años en prisión preventiva sin recibir sentencia, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió que había sido violentado su derecho a votar porque no estaban sentenciados.
“Se privilegia la presunción de inocencia y no quitarle el derecho a la ciudadanía. Es decir, se les tenía que garantizar el derecho a votar. El nuevo paradigma es que en 2024 todas las personas en prisión preventiva van a poder votar, eso es la nueva modalidad porque es algo que no tenemos en radar ni los partidos, ni la ciudadanía, ni las autoridades electorales, ni los medios. Este será un escenario interesante”, abundó.
El catedrático de la Máxima Casa de Estudios reconoció que para un sector de la ciudadanía será complejo entender que personas privadas de su libertad, acusadas de haber cometido un delito, tengan también el derecho a votar.
“Dirán: ¿Cómo es posible que pueda tomar una decisión pública y si las elecciones son altamente competidas? Por ahora la sociedad ha quedado al margen de esta controversia”, puntualizó.
Barboza Castillo mencionó que ya estará en la cancha de la autoridad electoral definir el mecanismo para que las personas recluidas voten, aunque existió un primer ejercicio en 2021 que se asemejó al voto por correo.
“El plan piloto demostró que otro daño sustancial es que se carecía de una numeralia de cuántas personas están en esa circunstancia, porque hay personas que llevan décadas sin sentencia”, comentó.
Además de esa prueba piloto, este año el estado de Hidalgo garantizó el derecho al voto de las personas privadas de la libertad para renovar su poder ejecutivo.
FALTA DEFINIR EL CÓMO
Liliana Díaz de León Zapata, vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), en Baja California, destacó que este tema ha venido trabajándose desde 2018, cuando se marcó el primer antecedente.
La funcionaria electoral recordó cómo se dio inicio a este proceso que tendrá su prueba más grande en 2024.
“Lo que ordena la sala es que el instituto haga una prueba piloto. Este ejercicio ya se llevó a cabo en 2021, fue prueba piloto, donde hubo modelo de operación de las personas en prisión preventiva en la cual participaron cinco centros de reclusión en Sonora, Guanajuato, Chiapas, Morelos y Michoacán”, precisó.
Díaz de León Zapata subrayó que los votos generados en la prueba piloto, también hubo ciudadanos de Baja California, pero privadas de su libertad en otras partes del país, ya que no participó ningún centro de reclusión de este estado en el ejercicio.
“Del estado de Baja California participaron nueve personas que formaron parte de la prueba piloto. Uno de ellos su voto contó para el Distrito 2 de Mexicali a nivel federal; uno para el Distrito 3 de Ensenada; dos para el Distrito 4 de Tijuana; uno para el Distrito 5 de Tijuana; tres para el Distrito 7 y uno para el 8”, detalló.
La vocal ejecutiva de la Junta Local del INE aclaró que serán las oficinas centrales del INE las que establezcan cómo será el proceso de votación que debe desarrollarse dentro de dos años.
“No te puedo decir cómo va a operar el modelo, toda vez que no se ha aprobado por el Consejo General. La prueba piloto únicamente tuvo un eco en las elecciones federales a diputados. A nivel local depende de las legislaciones locales determinar cómo se implementa. En el estado de Hidalgo ya se presentó el voto para gubernatura, allá hubo una reforma, porque su propia legislación lo establece”, acotó.
Recalcó que el 2024, cuando habrán de elegirse diputados federales, senadores y presidencia de la República, representará una logística distinta al plan piloto tanto para la emisión del voto como para contabilizarlo en el Instituto Nacional Electoral.
“Vamos ir yendo conforme avance el tiempo. Las oficinas centrales definen las reglas para que apliquemos el modelo en el siguiente proceso electoral. Tuvimos una experiencia en 2021, fue experiencia con cinco Ceferesos con un buen número de personas en prisión preventiva: 898 a nivel nacional. El modelo que se opera en prueba piloto fue previo a la jornada electoral, fue un voto anticipado, porque requiere de varias etapas para contabilizar. Primero el universo que puede participar y que quiere participar. Se hace la jornada previo a la jornada electoral, para el día ya tener los votos”, explicó.
“Tuvimos que movilizar de esas cinco entidades, a 30 estados, los votos de esas personas para que pudieran ser contabilizados en los puntos. Solo de Yucatán y Campeche no hubo ciudadanos que votaran en la prueba piloto. Del resto de los estados sí se presentaron”, abundó.
Por último, indicó que la participación en las cinco circunscripciones se dividió de la siguiente manera: Sonora, 234 personas; Guanajuato, 343; Chiapas, 89; Morelos, 141 y Michoacán con 91.
GARANTIZAR EL DERECHO
Aunque todo está en una primera etapa, el Tribunal Electoral ya ordenó garantizar que en 2024 las personas privadas de su libertad que no hayan sido sentenciadas emitan su voto en las elecciones federales.
Además la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), identificó aspectos que sugiere mejorar para cumplir con ese orden.
Entre las áreas de oportunidad detectadas están la difusión previa a las jornadas electorales a través de los medios de comunicación visuales, orales y escritos que estén permitidos al interior de los centros penitenciarios para que las personas privadas de la libertad conozcan cuáles son sus derechos político electorales.
De igual manera, que las personas en prisión preventiva tengan acceso preliminar suficiente a información de las y los candidatos así como a sus propuestas para ejercer un voto consciente.
La CNDH también considera necesaria sensibilizar a las y los candidatos que participen en los próximos comicios para que realicen propuestas específicas destinadas a la población penitenciaria del país.
