Tijuana.-La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), perdió el primer caso por las auditorías de Fisamex, empresa contratada por el gobierno de Jaime Bonilla para fiscalizar a grandes consumidores de agua, así como derechos de conexión a la red hidráulica y alcantarillado.
La dependencia acordó con la empresa no devolver el dinero y pagarlo por medio del consumo de agua, explicó Víctor Daniel Amador Barragán, director de la CESPT.
Dijo que el monto no supera los 10 millones de pesos, aunque no especificó la cantidad exacta ni el nombre de la empresa.
En el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), se encuentran en proceso diversas demandas por “cobros indebidos” que realizó la CESPT mediante la empresa Romafan S.A de C.V., conocida comercialmente como Fisamex.
Hasta noviembre pasado, alrededor de 50 empresas mantenían un proceso legal contra la paraestatal, entre impugnaciones y amparos.
Algunos casos han sido ganados por las empresas en una primera instancia, pero la CESPT ha interpuesto recursos de revisión, indicó Amador Barragán.
Fisamex recibió alrededor de 350 millones de pesos de ganancias por las auditorías, esto es el 20% de los mil 800 millones recaudados en todo el estado.
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El gobierno de Baja California ha tratado de localizar a la empresa contratada por Bonilla Valdez en los domicilios fiscales registrados, pero hasta el momento no ha sido localizada para responder a las demandas de las empresas.
Romafam S.A de C.V., fue registrada en la ciudad Hermosillo, Sonora, de acuerdo con el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía Federal.
La empresa tenía como domicilio fiscal en Tijuana la avenida Hipodromo #19 en el fraccionamiento del mismo nombre, donde rentaba una oficina virtual.
Manuel García aparece como socio mayoritario y apoderado legal de la empresa, además era quien presentaba los informes semanales de las auditorías junto al ex gobernador Jaime Bonilla, a través de redes sociales.
