La mina ubicada en San Felipe que cerró operaciones, debe 90 millones de pesos a ese municipio por concepto de predial, derechos y multas generadas en el presente año.
Así lo explicó José Luis Dagnino López, presidente del concejo fundacional de San Felipe, quien además precisó que en los últimos dos años, en la mina se registraron 4 fallecimientos por omisiones de seguridad.
Las inspecciones de Protección Civil y Bomberos eran para prevenir accidentes, pero hicieron caso omiso a las recomendaciones y se convirtieron en multas.
Aseveró que continuarán con la gestión de los cobros hasta la sede central en la Ciudad de México porque en San Felipe ya cerraron sus operaciones y han comenzado con la extracción de maquinaria, de acuerdo a lo declarado por los trabajadores despedidos.
Los afectados confirmaron el deceso de los 4 compañeros, el último registrado en marzo; todos causados por derrumbes de piedras y fallas en los protocolos de seguridad.
Dagnino López explicó que a la empresa minera de la compañía Frisco donde uno de los dueños es Carlos Slim, se le ajustó la tabla de valores catastrales, porque pagaban solamente 2 pesos por metro cuadrado.
El nuevo valor actualizado es de 200 pesos por metro cuadrado, más acercado a la realidad de una tierra que es explotada para extraer oro y plata.
La mina Real del Ángel, ubicada en el kilómetro 123 de la carretera a San Felipe, extraía Barras Doree grandes de oro y plata.
Al cerrar operaciones, finiquitó a los trabajadores de base, pero a los más de cien empleados de confianza, los obligan a trasladarse a la mina de Aguascalientes sin prestaciones, ni campamento para residir.
Por ello presentaron una denuncia ante la Fiscalía Federal de la Defensa del Trabajador, cuya audiencia inicial comienza mañana.
Los trabajadores afectados, residentes de San Felipe, San Matías, Valle Trinidad, Indiviso y otros ejidos del Valle de Mexicali, acudieron al Congreso del estado a solicitar apoyo porque no les quieren pagar sus finiquitos, aguinaldos y tiempo de antigüedad, solo el sueldo del mes y algunos tienen más de una década laborando en la mina.
Refirieron que tienen la incertidumbre de que la empresa haga un cierre temporal de operaciones y después vuelva a reiniciar la extracción dejando a cientos de trabajadores desempleados.
La mina de Frisco también se encuentra en medio de una demanda de parte de los nativos ejidales, ya que el contrato por el uso de las tierras para extracción de oro venció y no quieren pagar los derechos correspondientes.
La empresa de Carlos Slim sólo pagaba 30 pesos por día a cada uno de los 214 ejidatarios, dueños de las tierras.
En el Congreso, fueron atendidos por el diputado Juan Manuel Molina García, legislador representante del distrito que contempla al municipio de San Felipe, quien aseveró que presentarán un punto de acuerdo y un exhorto a las autoridades federales para que atiendan el caso.
